Enseñanza

Casi 2.000 profesores interinos valencianos del curso pasado se han quedado fuera

STEPV reclama a Marzà que cumpla su compromiso de ofrecerles plazas y CSI-F le pide que complete plantillas para que las clases arranquen sin falta de docentes

Familias con escolares acuden a un centro educativo ROBER SOLSONA

ABC

Cerca de 2.000 profesores interinos del curso pasado se han quedado sin plaza y desde el sindicato STEPV han reclamado este lunes en una concentración de afectados a las puertas de la Conselleria de Educación a su titular, Vicent Marzà, que cumpla su "compromiso" y adjudiquen "las vacantes necesarias " para que puedan seguir trabajando.

Así lo ha explicado a EFE el responsable de Acción Sindical del STEPV, Marc Candela, quien ha incidido que unos doscientos docentes se han concentrado unas tres horas en la avenida de Campanar en València y algo más de un centenar en la plaza La Montañeta de Alicante.

Candela ha explicado que se han juntado tres factores que han propiciado la falta de plazas: la oposición con 3.000 plazas; la posibilidad de repetición en el centro, lo que ha propiciado que quien no pudiera repetir se quedara fuera "si los de detrás, si podían repetir"; y la catalogación de un "un puñado de plazas con B.2 de inglés", por lo que en centros donde aún no tienen, "no han podido acceder a esas plazas".

"Esos tres factores juntos han hecho que cerca de unos 2.000 interinos del cuerpo de profesores de las tres provincias que trabajaron el año pasado, no hayan podido optar a plaza vacante", ha añadido Candela, quien ha incidido en que la protesta de este lunes es "continuación de la concentración del pasado 3 de agosto" tras quedar sin plaza "un buen número de interinos en las adjudicaciones de julio".

El representante sindical ha recordado que Marzà "ha estado diciendo durante todo el curso que las oposiciones no afectarían la continuación del trabajo de los interinos que no aprobaran las oposiciones, pero no ha sido así".

"Por eso le pedimos que la Conselleria cumpla con su compromiso y que adjudique la vacantes necesarias para que el colectivo afectado pueda seguir trabajando", ha concluido Candela.

Contrataciones pendientes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) también ha urgido a Conselleria de Educación a "sacar y adjudicar todas las vacantes existentes en los centros docentes esta semana para garantizar que el curso comience el lunes 10 con normalidad".

El sindicato considera necesario que las plantillas en los centros se completen esta misma semana , de modo que ningún alumno empiece las clases sin su docente correspondiente. También pide a la administración que garantice que puedan optar a las plazas los interinos desactivados en 2017.

CSI·F recuerda, en un comunicado, "la importancia de iniciar las clases "con la plantilla docente necesaria y en las condiciones adecuadas en las aulas".

El sindicato subraya, además, la relevancia de que la totalidad de los profesionales que cubran vacantes y comisiones de servicio se incorporen antes del primer día de curso para participar en las reuniones de departamento, claustros y demás actividades del centro que se desarrollan durante estos días previos.

El sindicato señala que, como cada inicio de curso, realizará un seguimiento exhaustivo para comprobar si existen vacantes o bajas sin cubrir y solicitar a la administración, si las hubiera, que sean cubiertas con celeridad.

La central sindical considera prioritario, a lo largo de todo el curso, " la cobertura ágil de las bajas", para que el alumnado reciba una atención y formación adecuada .

CSIF pide a Conselleria que, tras la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de la orden 35/2018, de 22 de agosto, que aprueba una moratoria para los docentes sin capacitació en valencià, garantice que quienes fueron excluidos en 2017 del proceso puedan optar ya desde esta semana a las vacantes y sustituciones.

El sindicato recuerda que CSIF desde el principio se ha posicionado en contra de estas exclusiones , y que en julio de 2017 ya presentó un recurso contencioso administrativo contra esa decisión de Conselleria que ahora ha rectificado.

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