Justicia
Procesan a la patronal valenciana por un presunto fraude de 1,8 millones de euros en cursos de formación
Unas facturas falsas habrían permitido el desvío de las subvenciones
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules (Castellón) ha concluido la instrucción de la causa que se sigue contra la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) y contra la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana (Cierval) por presuntas irregularidades en la gestión de las subvenciones para planes de formación.
Asimismo, ha acordado procesar a d os dirigentes de la patronal castellonense , Rafael Montero y José Antonio Espejo, y a tres empresarios , ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) .
El instructor procesa también a la CEC, al Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón, dependiente de la anterior, a la patronal autonómica Cierval, y a otras cuatro mercantiles (academias y centros de formación) que s upuestamente emitieron las facturas falsas que permitieron el desvío de 1,8 millones de euros concedidos a la CEC por Cierval de los doce que recibió ésta última de la Generalitat Valenciana.
Según el juez, "existen indicios" de que Montero, siendo secretario de la CEC y Cierval, y Espejo, como responsable de planes de Formación de la patronal castellonense, "se concertaron" con cuatro empresarios, uno de ellos no ha sido localizado, "para beneficiarse económicamente del expediente que incluía una subvención para la ejecución de un plan de formación intersectorial".
Los responsables de las organizaciones empresariales habrían simulado la intervención de los empresarios en la organización e impartición de los cursos y autorizaron los pagos.
Los tres empresarios, responsables de las academias y centros de formación, recibían la transferencia y "retiraban en metálico la práctica totalidad del dinero transferido". De los 1,8 millones de euros pagados por la patronal y no justificados, se sacaron 1,5 millones en metálico de las distintas cuentas bancarias a las que se transferían los fondos.
De esta forma, el fiscal deberá decidir si procede el archivo de la causa, la apertura de juicio oral o la práctica de diligencias complementarias, explica el alto tribunal valenciano.
