Política
El PP pide seis años de cárcel para un alto cargo de Compromís por las ayudas a empresas del hermano de Puig
Los populares también solicitan para Rubén Trenzano una multa de 21.600 euros y seis años de inhabilitación especial por falsedad en documento público
El PP ha presentado ante el juzgado de Instrucción número 9 de Valencia el escrito de acusación contra el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano (Compromís), por las ayudas al fomento del valenciano concedidas entre 2015 y 2016 a empresas administradas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. En él pide seis años de cárcel por el delito de falsedad en documento público , además de una multa de 30 euros al día durante dos años (21.600 euros) y seis años de inhabilitación especial.
El juez procesó a Trenzano el pasado junio para comprobar si el investigado pudo cometer el delito de falsedad en documento público oficial al afirmar en un escrito que se habían realizado las actuaciones de control efectivas en las subvenciones a las mercantiles Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions (administradas por el hermano de Puig), cuando realmente éstas se llevaron a cabo con posterioridad . Concretamente, se trataba de 56.825 y 23.234 euros en 2015 y 2016 respectivamente.
El magistrado dio entonces un plazo para que Fiscalía y partes solicitaran la apertura de juicio oral y formularan escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. Los populares, cuya querella propició la comparecencia del alto cargo como imputado, inciden en que el documento firmado por el director general de Política Lingüística incluye « circunstancias completamente falsas en cuanto al control y comprobación de las subvenciones concedidas» y que «faltó a la verdad en la narración de los hechos que se exponen» (los cuales son los causantes del procedimiento).
«Ninguna duda cabe de que concurren los elementos necesarios del tipo penal», señala el PP. En su opinión, «habría quebrado la seguridad jurídica en el proceder de la Administración , que incluye la veracidad de los documentos administrativos –hasta el punto de gozar de tal presunción en derecho administrativo-, siendo que tal quiebra es merecedora de reproche penal».
Las normas de control: cuestión capital
La cuestión capital para el juez en todo este asunto se encuentra en las normas de control . La exigencia de éste sobre las subvenciones otorgadas en los ejercicios 2015 y 2016 no figuraban en la ley de ese momento y dicho control no se aprobó hasta 2018. Es decir, entre dos y tres años después de haber dado las ayudas y, además, con posterioridad a las quejas y denuncias del PP.
Cuando ya se llevó a cabo la fiscalización, ésta supuso, según defendieron los cargos de la dirección de Política Lingüística, « la conformidad y legalidad de las subvenciones concedidas» a Comunicació dels Ports y Mas Mut.
Por todo ello, para el magistrado se trata ahora de dilucidar si hubo delito de falsedad documental. No se requiere «indicio alguno de posibles fines o de consecución de algún objetivo con la presunta alteración de la verdad y la seguridad jurídica como bien jurídico protegido» ni de «establecer posibles culpabilidades». Pero sí de si existió « conocimiento y voluntad de falsear la realidad que se ha expresado en un documento oficial » en el que se podría haber faltado a la verdad: se aseguraba que se había realizado un control de las subvenciones, cuando éste se hizo con posterioridad.
De lo expuesto, según los populares, se evidencia «no sólo la existencia de las falsedades contenidas en el acuerdo de 6 de abril de 2018, sino también que el acusado conocía que el contenido de dicho acuerdo era falso ». Así, consideran que Trenzano «era plenamente consciente de que reconocer que se hubieran comprobado las subvenciones de 2017 y de 2018 pero no así las de 2015 y 2016 era absolutamente injustificable», motivo por el cual «decidió falsear el contenido de su resolución manifestando que se habrían realizado todas las actuaciones de control, cuando esto era radicalmente falso».
