OPERACIÓN TAULA
El PP evita suspender a los concejales imputados en Valencia para no quedarse sin grupo municipal
La dirección regional y Génova acuerdan esperar a las declaraciones ante el juez para nombrar una gestora
Ocho de los nueve ediles populares en el Ayuntamiento están investigados por blanqueo de capitales
El titular del juzgado de instrucción número dieciocho de Valencia citará a declarar en calidad de imputados a medio centenar de concejales, exediles y asesores del Partido Popular en el marco de la operación Taula , que investiga los delitos de blanqueo de capitales y financiación ilegal en el seno del grupo municipal en el Ayuntamiento de la capital del Turia.
Nueve de los diez actuales concejales del PP en el Ayuntamiento de Valencia tendrán que declarar como investigados ante el juez. Solo ha esquivado la citación el independiente Eusebio Monzó. Ante esta situación sin precedentes, el partido ha optado por no suspenderles de militancia ni apartarles , para evitar quedarse sin grupo en el Consistorio.
Rita Barberá es, junto a Monzó, la única dirigente del PP que resultó elegida en las pasadas elecciones municipales en la capital del Turia que no está imputada por el presunto caso de blanqueo. La exalcaldesa dejó el acta el pasado mes de julio cuando fue elegida senadora territorial a través del Parlamento autonómico, por lo que goza de la condición de aforada. Ayer, el vicesecretario de Organización del PP nacional, Fernando Martínez-Maíllo , dijo que es «ella es quien tiene que dar las explicaciones correspondientes».
La Unidad del Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción disponen de pruebas que involucran a los actuales concejales y a la mayoría de ediles del Partido Popular en la anterior legislatura en el blanqueo de 50.000 euros procedentes del cobro de comisiones.
Billetes de 500 euros
De acuerdo con las pesquisas, los investigados aportaron 1.000 euros cada uno al grupo municipal para financiar la campaña de las elecciones locales del pasado mes de mayo. El dinero, posteriormente, fue reintegrado en sobres que contenían dos billetes de quinientos euros. De esa forma se lavaba el capital procedente del cobro de comisiones a empresas que resultaban adjudicatarias de servicios públicos. De hecho, entre los detenidos hay empresarios como el propietario de Servicleop , que en la anterior legislatura tenía el contrato de la grúa municipal.
El dinero negro habría vuelto al circuito legal de las formas más dispares. Desde compras en grandes almacenes hasta en facturas a cargo de la empresa de ropa infantil de Beatriz Simón, una de las ediles investigadas. Al respecto, Carmen García-Fuster , secretaria del grupo hasta la semana pasada, fue detenida por estos hechos y puesta en libertad bajo fianza en contra del criterio del fiscal , que le considera la «cajera» de la trama.
Presiones a los asesores
Cuatro exasesores denunciaron «presiones» para ingresar los 1.000 euros en la cuenta del grupo . No realizaron la aportación, perdieron su puesto de trabajo y han sido citados por el juez en calidad de testigos.
La imputación masiva de cargos ha abierto una crisis sin precedentes en la agrupación local del PP hasta el punto de que la dirección regional, de acuerdo con Génova, ha optado por no suspender de militancia a los concejales imputados para evitar quedarse sin grupo municipal. Entre los investigados se encuentran el portavoz del PP del Ayuntamiento hasta la semana pasada, Alfonso Novo, y los ediles Beatriz Simón, Vicente Igual, María Angels Ramón-Llin, Cristóbal Grau, Félix Crespo, Lourdes Bernal, María Jesús Puchalt y Alberto Mendoza .
El único apartado de forma cautelar es el todavía presidente local del PP, Alfonso Novo, imputado la pasada semana y que abrirá mañana el turno de declaraciones ante el juez . Novo figura entre las personas autorizadas para disponer de las cuentas de la agrupación local del Partido Popular en Valencia.
Está previsto que el desfile de cargos populares ante el magistrado que investiga el presunto amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones públicas se prolongue durante al menos quince días. Ese es el margen que se ha marcado la presidenta regional del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, en contacto permanente con Génova , para tomar una determinación sobre los investigados.
Para ello, esperará a que declaren ante el juez y se levante el secreto de sumario . De acuerdo con fuentes populares, los imputados han negado a la formación que contribuyeran al blanqueo de la contabilidad «B» del grupo municipal.
Las mismas fuentes explican que, por su condición de investigados, se les ha abierto un expediente de oficio, por lo que en cualquier momento, en función del devenir judicial del caso, se les podría suspender de militancia.
A la espera de la gestora
El PP, además, activaría una gestora para que tomara las riendas de la formación hasta el próximo congreso local. Antonio Clemente , exsecretario general del partido en la Comunidad Valenciana y suplente de Rita Barberá en el Senado se perfila como el principal candidato para presidir la gestora. En todo caso, la dirección regional entiende que los hechos más graves que se investigan en el marco de la operación Taula afectan a personas que ya fueron apartadas de la formación , como el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus , los exvicepresidentes de la Corporación Máximo Caturla y Juan José Medina , y el exjefe de gabinete Emilio Llopis . Todos ellos quedaron libres con cargos la semana pasada pese a que el fiscal reclamó cárcel provisional.
El juez les dejó en libertad condicional bajo fianzas pecunarias que oscilan entre el millón y los dos millones de euros al entender que no existía riesgo de fuga ni de que destruyeran pruebas. Todos ellos están implicados en una «organización criminal» que habría cometido delitos de de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales.
Los investigadores apuntan a comisiones millonarias (de entre el tres y el diez por ciento) en obras para la construcción de colegios a través de la empresa pública Ciegsa o en planes para la instalación de césped artificial en campos de fútbol de titularidad municipal articulados por la mercantil Imelsa.
Precisamente ayer, el que fuera gerente de la firma de la Diputación Marcos Benavent , prestó declaración ante la Guardia Civil. Este hombre es clave en la investigación. Una denuncia ante la Fiscalía que incluía grabaciones telefónicas en la que se constata el cobro de comisiones y al amaño de comisiones resultó vital para destapar la trama corrupta que llevaba infiltrada en las Administraciones desde 2003. Benavent también figura como nexo de unión con una trama paralela en la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento que supuso la detención de la exedil del ramo María José Alcón, también apartada del PP.
Amaño de contratos
La exconcejala está libre bajo fianza de 150.000 euros y se le atribuye el cobro de comisiones a cambio de contratos públicos como el de la gestión del centro La Rambleta en la capital del Turia, la rehabilitación de las Torres de Quart o la organización de la extinta Mostra de Cine del Mediterráneo, que organizaba el Consistorio.
