Los plazos del sumario del caso Alquería ponen en peligro la estrategia del PSPV con Jorge Rodríguez

El acuerdo entre el PSPV y Ferraz para retrasar las primarias en Ontinyent hasta diciembre , en las que podrá participar su actual alcalde, Jorge Rodríguez -detenido este verano por contrataciones en la empresa pública Divaltierra en el marco del caso Alquería-, podría generar un problema importante en el partido.

La estrategia de ganar tiempo y de echar para atrás el veto inicial al expresidente de la Diputación de Valencia por parte de la dirección corre peligro si se tienen en cuenta los tiempos judiciales . Los socialistas andan muy pendientes del secreto de sumario y confían en que se levante antes de enfrentarse al proceso. De hecho, plantean que Rodríguez no se presente únicamente en el caso de que sea muy escandaloso una vez conocido su contenido.

Pero los plazos en la justicia nunca van a gusto de los partidos y se puede dar la circunstancia de que las dilaciones provoquen que el sumario se abra justo en el mes de diciembre . Estos cálculos se deben a la documentación que todavía está pendiente de recibir el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia.

Los teléfonos móviles y ordenadores incautados en la operación policial del pasado 27 de junio fueron desprecintados en septiembre y, posteriormente, todos los aparatos fueron enviados a Madrid para el volcado de su contenido que permita el análisis de los investigadores de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).

La Policía, por tanto, tendrá que remitir los informes al juzgado tras las indagaciones llevadas a cabo, lo que podría tardar alrededor de dos meses. Las estimaciones más optimistas apuntan a que estarían antes de Navidad, por lo que una vez recibidas y revisadas el juez ya podría proceder a levantar el secreto de las actuaciones.

Sería a partir de entonces cuando el PSOE deba tomar una decisión. Convencidos de que se trata de cuestiones puramente administrativas y de que «no hay nada» -pese a que la causa fue abierta por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en su vertiente de administración desleal-, tendrán que resolver la complicación de que trasciendan todos los detalles de las actuaciones de Rodríguez desde su cargo en la Diputación. Y justificar, en caso de que pudiera seguir presentándose a primarias -o que éstas ya se hubieran celebrado-, qué criterio exacto establecen para determinar si el sumario es o no grave.