El Parlamento Europeo pide información sobre los impagos de ayudas en la etapa de Bonig

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha enviado una carta al presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, solicitando "información adicional" sobre los impagos en ayudas a la vivienda que se produjeron durante la gestión de la exconsellera del ramo Isabel Bonig, y que afectó a más de 60.000 familias alcanzando una deuda que, según la plataforma de afectados, podría rondar los 338 millones de euros.

En la misiva, la presidenta de la Comisión de Peticiones, Cecilia Wikström , explica que la Eurocámara estudió los días 18 y 19 de abril una petición sobre el impago de las ayudas a la vivienda y la restricción de la subsidiación de préstamos en la Comunitat.

En esta reunión, añade, la comisión decidió solicitar información adicional a la Generalitat Valenciana sobre las medidas tomadas con respecto a este tema. Con la información que reciba, la Comisión Europea dictará un nuevo informe sobre los impagos.

Según ha informado la Associació Impagats Habitatge Comunitat Valenciana en un comunicado, cuando el pasado 18 de abril los afectados acudieron a Bruselas para denunciar la situación de los afectados, la deuda estimada era de unos 278 millones de euros --241 millones de ayudas contabilizadas más 37,4 millones de ayudas de la resolución 501--.

Sin embargo, la entidad ha indicado que " recientemente se ha descubierto que esta cifra era mayor, sobre los 338 millones, al saberse que la anterior consellera de Vivienda, Isabel Bonig, dejó sin tramitar unas 1.100 solicitudes de ayudas a la vivienda que suponen unos 60 millones adicionales".

Además, "se ha sabido que la anterior consellera Isabel Bonig recibió del Ministerio de Fomento 16,5 millones de euros en ayudas a la vivienda que nunca se pagaron a los beneficiarios a los que iban dirigidas", ha manifestado.

Del mismo modo, los afectados denuncian que el anterior Gobierno del PP en la Comunitat Valenciana "gestionó supuestamente de manera irregular las ayudas durante los años 2008-2015", ya que "dio subvenciones por encima de lo presupuestado, tal y como quedó reflejado en el informe de la Sindicatura de Comptes".

Asimismo, "realizó escasos pagos que, alterando el orden de prelación, terminaron por beneficiar a entidades financieras y a las constructoras " y, además, en 2011, "alteró las resoluciones de concesión de las ayudas --conocidas como tipo 501--, en las que reconocía únicamente los requisitos para acceder a las mismas pero eludiendo la concesión definitiva", una situación que "provocó que 6.000 familias se quedaran sin poder acceder a su ayuda, una vez ya comprometidas con sus préstamos hipotecarios protegidos".