Convivencia
La ordenanza sobre mendicidad que rechaza el PSOE en Alicante se aplica en cinco ciudades con sus votos
Los socialistas aprobaron normas similares en San Sebastián, Barcelona, Sevilla, Denia y Getafe
La ordenanza sobre « convivencia cívica» para atajar la mendicidad y la prostitución en Alicante ha topado con el rechazo contundente del PSPV- PSOE , pero los socialistas habían aprobado con sus votos normas similares -con diferentes cuantías para las multas- en cinco ciudades españolas.
Por orden cronológico, el PSOE sacó adelante sanciones contra estas prácticas en Sebastián y Barcelona, en 2004 y 2005, respectivamente, en ambos casos en gobiernos locales de coalición, en el caso de la Ciudad Condal con multas de hasta 3.000 euros para la mendicidad ejercida por menores y los servicios de sexo a cambio de dinero en la calle, por lo tanto, igual de duras que las previstas en Alicante.
Posteriormente, también apoyó este tipo de ordenanza en Sevilla (2008, junto a IU) y, más recientemente, en Denia (2016, coaligado con Compromís) y Getafe, el año pasado, gobernando en solitario. Paradójicamente también, Podem y Compromís se oponen sin titubeos en el Ayuntamiento alicantino a llevar a efecto esta política contra ambas actividades.
Más allá de colores políticos, otros consistorios regidos por el PP también han impulsado esta normativa, en Burgos (2005), Granada (2009), Valencia, Murcia y Málaga (las tres en 2013), además del PNV , en Bilbao en 2010.
Molestias al viandante
En el detalle de la ordenanza presentada por el equipo de gobierno del alcalde alicantino, Luis Barcala , se considera infracción grave (1.500 euros de sanción) o muy grave (3.000), la mendicidad «con acompañamiento de menores o personas con diversidad funcional».
Y se especifican situaciones extremas, como la mendicidad organizada, coactiva o de acoso, que obstaculice el libre tránsito de ciudadanos; la petición de dinero con violencia o intimidación ; el ofrecimiento de productos de manera persistente o intimidatoria; la colaboración para alertar de la presencia policial; o acampar y dormir en la vía pública.
No obstante, desde la oposición municipal se ha rechazado la norma proyectada por «criminalizar» a quienes en realidad son víctimas por pedir dinero a los transeúntes.
En el caso de la prostitución, la infracción grave se castiga con hasta 1.500 euros cuando se trata de las (prohibidas) «prácticas sexuales, ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación de servicios sexuales en la vía pública cuando afecten a la convivencia ciudadana». Para definir con claridad este último extremo, se indica: cuando se llevan a cabo a 200 metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales, comerciales o empresariales.
Asimismo, «se prohíbe la realización o incitación a la realización de actos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual o la ejecución de actos de exhibición obscena», así como el «acoso callejero».
