Tribunales

Once horas al día de lunes a domingo para talar 15.000 árboles sin contrato ni Seguridad Social

La Audiencia de Castellón juzga a unos empresarios por la situación laboral de un leñador que, además, sufrió un grave accidente laboral

Imagen de archivo de una tala de árboles ABC

ABC

Trabajaba como leñador once horas al día de lunes a domingo sin ningún tipo de cobertura legal. La sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón juzga este martes a cuatro empresarios acusados de tener sin contrato y sin alta en la Seguridad Social a un trabajador que se lesionó gravemente en el brazo al talar pinos en la localidad de Zucaina, de acuerdo con fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Los hechos sucedieron en 2015 cuando la empresa de dos de los acusados, un aserradero del municipio valenciano de Moixent, compró 15.000 pinos al Ayuntamiento de Zucaina . Para talar los árboles, el aserradero subcontrató a otra mercantil de Segorbe, cuyos dos responsables, también acusados, tenían trabajando a la víctima, un leñador de nacionalidad rumana que no conocía el castellano y que trabajaba once horas diarias, de lunes a domingo, sin contrato laboral ni alta en la Seguridad Social, siempre según las mismas fuentes.

En febrero de 2015 cuando el leñador estaba trabajando entre los términos de Zucaina y Montanejos , una rama de grandes dimensiones cayó sobre la motosierra que usaba la víctima, lo que provocó que el elemento cortante de la herramienta impactara en el brazo izquierdo del trabajador.

Según explica el fiscal, la motosierra estaba en mal estado y no tenía cierre de seguridad. El hombre, que sufrió graves daños en los nervios y los músculos del brazo, no había recibido ningún curso de formación sobre prevención de riesgos laborales.

El fiscal pide para los cuatro acusados una pena de dos años de prisión por un delito contra la seguridad y la salud en el trabajo. Además, solicita para los dos acusados de la empresa para la que trabajaba la víctima una pena de cinco años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores.

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