Fernando Llopis - El último liberal
Mónica Oltra y el horror en Amityville
«La nueva política de PSPV y Compromís gestiona una empresa pública con "ocho" gerentes colocados a dedo, muy cercanos a sus partidos»
Se han dedicado más de una docena de películas de terror a la mansión de Amityville. Todo tiene su origen en 1974, cuando un joven asesinó a su familia y en su defensa dijo que habían sido unas voces misteriosas que surgían de la casa las que le ordenaron hacerlo. Surgieron algunos escritores que vieron en este hecho una forma de obtener pingües beneficios y se publicaron varios libros que narraban historias sobre casas encantadas, asesinatos de peregrinos o incluso sobre un brujo expulsado de Salem que maldijo aquel lugar. Si hubiesen sido verdad todas estas especulaciones, los escritos acerca del bien y del mal del filósofo alemán Immanuel Kant hubiesen quedado en entredicho. Nadie es bueno o malo, sino que las estructuras o unas voces misteriosas pueden obligar a una persona honesta a realizar actos de maldad .
Algo así ha apuntado la vicepresidenta del Botánic, Mónica Oltra, cuando ha apuntado a las estructuras corruptas como las responsables de los presuntos actos ilegales del presidente de la Diputación de Valencia, el socialista y alcalde de Ontinyent Jorge Rodríguez y una serie de personas vinculadas a los partidos de ambos.
Es probable que ahora, algún avispado escritor inicie una aventura, que seguro será llevada al cine, que narre la historia de un joven y prometedor político, algunos dicen que era el más que probable sucesor del actual President de la Generalitat, que empezó a escuchar voces que le obligaron a contratar a una serie de personas en puestos de alta dirección. Cuando decidió convocar un concurso público para que cualquier ciudadano pudiera optar a dichas plazas, las mismas voces se lo prohibieron y le obligaron a que otorgara dichas plazas a unas personas que, sólo por casualidad, estuviesen muy vinculadas a los dos partidos que gobiernan la Diputación, PSPV y Compromís. Cuando recibió varios informes que le desaconsejaban la realización de tal acción en dichos términos, las voces cegaron sus ojos y le impidieron leerlos. De súbito, apareció un informe de la nada, aunque parece que fue escrito por otro de los implicados en la trama, que valoraba de forma positiva la legalidad de todo. La historia finalizaría mal para el joven político que es detenido y nadie le cree en lo de las voces.
Bromas aparte, yo me quedo con el dato de que el sector de la población de la Comunidad Valenciana que más probabilidades tenga de tener problemas con la justicia es el de los presidentes de Diputación. Lo llamativo ahora es que, los de la nueva política tan sólo han tardado tres años en caer al barro y a la podredumbre. También es curioso, que los que aceptaban como merecidos los escraches a los políticos del partido popular involucrados en casos de corrupción, se rasguen las vestiduras por la acción policial, con detenciones y noches de calabozo incluidas. Esto se parece cada vez más al fútbol de los forofos, cuando una falta en el área es penalti en función de si el que la comete es el de mi equipo o del contrario.
Otro asunto es el de las famosas empresas públicas, punta de lanza de PSPV, Compromís y Podemos como modelo de gestión . Empresas gestionadas por políticos, con capital público, pero sin las trabas burocráticas de la administración, se han convertido en muchos casos en origen de actos corruptos, precisamente por la falta de objetivos concretos a cumplir y por la inexistencia de controles que pudieran fiscalizar cualquier acción irregular.
Como dice Oltra, es posible que tengamos que replantearnos el modelo de gestión e incluso la existencia de estas empresas públicas, que podrían ser sustituidas por contratos con empresas privadas o asumidas por la administración en función del caso. Lo que no es normal es que, en vez de acusar, como hacía con los populares, de corruptos a los dirigentes de las empresas, ahora acuse a las estructuras de las empresas, que pueden no ser las más adecuadas, pero no obligan a nadie a realizar actos ilegales.
Así, mientras una pancarta en la entrada de la Diputación de Valencia reivindica una financiación justa al Gobierno central, la nueva política de PSPV y Compromís gestiona una empresa pública con “ocho” gerentes colocados a dedo, muy cercanos a sus partidos y con escasa experiencia en puestos similares que justifiquen su alto sueldo. Y encima querrán que nos creamos que nadie conocía estas contrataciones . Seguro que fueron las voces misteriosas las que les nublaron la mente, o tal vez el brujo de Salem que tras maldecir Amityville se pasó por la “terreta”.
