Política
Oltra, sobre el alcalde de Compromís denunciado: «Las personas que están en un cargo tienen que demostrar»
La vicepresidenta de la Generalitat evita valorar el caso del diputado que pagó con fondos públicos una multa de tráfico
La vicepresidenta, portavoz del Consell y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra , ha asegurado este viernes, preguntada por su valoración de la denuncia del PPCV al alcalde de Tavernes de la Valldigna, Jordi Juan , por los gastos de un viaje a Atapuerca, que "políticamente lo que tienen que hacer las personas que están en cualquier cargo es explicase, demostrar y que esas explicaones sean razonables".
" Y ya está. Yo no tengo aquí la medida de otras cosas ", ha indicado. El PPCV presentó este jueves ante la Fiscalía de la Audiencia de Valencia una denuncia contra Jordi Juan (Compromís), y dos concejales más, por malversación, prevaricación y usurpación de estado civil en relación con un viaje oficial realizado en julio de este año a Atapuerca, donde el primer edil y diputado en las Corts se desplazó con familiares y en el que se puso una multa por exceso de velocidad al coche municipal que conducía y que pagó el consistorio. Además, aseguran que el alcalde pasó las dietas por kilometraje.
"Si yo tuviera que valorar o el Consell tuviera que valorar las actuaciones de todos los alcaldes de nuestro territorio, no acabaríamos nunca las ruedas de prensa", ha apuntado Oltra, quien ha añadido que "cada uno hace el uso de la Justicia y de los medios de la Justicia que considera oportunos".
En la denuncia, a la que ha tenido acceso ABC, los populares relatan que durante un viaje oficial el pasado mes de julio a la localidad burgalesa de Atapuerca el vehículo municipal «presuntamente conducido por el alcalde fue denunciado por la Guardia Civil por circular con exceso de velocidad». Según el escrito presentado por el PP ante la Fiscalía, «en lugar de identificar al conductor del vehículo, el concejal de Hacienda, Perfecto Benavent, adoptó una resolución pata aprobar la multa, reconocer la obligación de pago a cargo del Ayuntamiento y ordenar su pago». El concejal se «identificó a sí mismo como conductor infractor» cuando, según la denuncia, no realizó el viaje.
El PP considera que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación. Los denunciantes consideran que debería haber sido el alcalde y no el Ayuntamiento quien se hiciera cargo de pagar la sanción.
Para realizar el viaje se emplearon dos vehículos : uno propiedad del consistorio y otro del edil Josep Llácer y se alojaron en un hotel de cuatro estrellas. La contratación del establecimiento se hizo a través de una agencia de viajes con sede en Valencia.
Según consta en la denuncia, ambos ediles presentaron el 19 de julio ante la Intervención de Ayuntamiento sendas hojas para pedir el cobro de los gastos de viajes, en los que incluían 239 y 266 euros de kilometraje por parte de Jordi Juan y Josep Llácer respectivamente. El 28 de julio cobraron ese dinero. La otra concejal no entregó hoja de gastos.
En el escrito registrado ante la Fiscalía se considera que Jordi Juan pudo haber cometido un delito de malversación «al consignar datos falsos en la hoja de gastos que presenyó al Ayuntamiento para cobrar de forma indebida una cantidad en concepto de indemnización por kilometraje (239 euros) , indicando que utilizó para su desplazamiento un vehículo propio, cuando en realidad viajó en un vehículo de titularidad municipal».
Según la denuncia, el alcalde viajó a Atapuerca a visitar los yacimientos arqueológicos junto al concejal de Turismo, Josep Llácer. El PP cree que ambos p udieron hacer cometido un delito de malversación por «haber utilizado para un viaje de carácter oficial medios públicos y privados, en este último caso con rescarcimiento de los gastos de kilometraje, para el desplazamiento junto a sus familiares a un viaje "oficial"».
La denuncia considera que el edil pudo cometer un delito de usurpación de estado civil «al identificarse a sí mismo como el conductor de un vehículo que ha cometido una infracción de tráfico, a sabiendas de que el conductor real era otro».
El 19 de agosto, la interventora municipal dictó una resolución en la que a dvertía de la «irregularidad de los gastos asumidos y pagados por el Ayuntamiento relativos a la multa de tráfico impuesta al alcalde y a los gastos de kilometraje que presentó éste, como si hubiera viajado en un vehículo de su propiedad».
Ese día, el alcalde realizó sendas transferencias al Ayuntamiento para «reintegrar las cantidades cobradas indebidamente».
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