Los okupas hacen su agosto en la localidad alicantina de San Vicente y obligan a los propietarios a pagarse un hotel
«Es inaceptable que en España sea tan sencillo ocupar una casa y tan difícil para su dueño poder recuperarla», denuncian
Un ayuntamiento alicantino moviliza a los vecinos y la Policía para frenar a los okupas
El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha tenido conocimiento de nuevas «okupaciones» ilegales de viviendas en esta localidad alicantina, tras lo cual sus propietarios han tenido que buscarse un alojamiento alternativo en casa de algún familiar o incluso pagarse un hotel . Mariela Torregrosa, concejal de Cs, ha afirmado que «es inaceptable que estas situaciones sigan ocurriendo y que en España sea tan sencillo ocupar de forma ilegal una vivienda y tan difícil poder recuperarla».
La concejal ha informado de que «en las últimas semanas hemos conocido, a través de personas que han contactado con nosotros y que por razones obvias no quieren identificarse, que se han producido varias ocupaciones ilegales de viviendas, en algún caso de casas que están habitadas de forma habitual y que han sido ocupadas tras una ausencia breve de sus propietarios ».
Torregrosa ha explicado que «es urgente seguir haciendo reformas legales para acabar con el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, una competencia que evidentemente es del Gobierno de España y de las Cortes Generales, lo que no quita que desde los ayuntamientos también hagamos todo lo que está en nuestras manos para acabar con esta situación tan injusta y que genera tan frustración a los ciudadanos».
En este sentido, cabe recordar que en julio de 2020, hace casi dos años, el pleno del Ayuntamiento de San Vicente aprobó una propuesta presentada por Ciudadanos en la que se pedía elaborar un plan municipal contra la «okupación» ilegal de viviendas. La moción salió adelante con el voto favorable de todos los grupos, con la excepción del PSOE y de Esquerra Unida (EU).
La propuesta incluía un amplio paquete de medidas, como reforzar la seguridad y la vigilancia frente a la ocupación ilegal, poner a disposición de los propietarios un servicio de asesoramiento jurídico , elaborar un censo municipal de viviendas ocupadas para realizar un seguimiento y control que permita prevenir posibles conflictos vecinales y nuevas ocupaciones, o elaborar una guía de actuación para prevenir la ocupación ilegal.
Mariela Torregrosa ha explicado que «teniendo claro que estas medidas no son definitivas para atajar el problema de fondo de la ocupación ilegal de viviendas, sí creemos que el Ayuntamiento tiene la obligación de llegar hasta donde pueda dentro de sus limitadas competencias en esta materia, por lo que les pedimos que pongan en marcha estas medidas».
