María José Ferrer San-Segundo* - DE FRENTE
Oficina Lingüística: «Los Papeles del Palau»
«Eso, en Derecho, tiene un nombre: Prevaricación. Presunta, claro.»
Mucho antes de que se aprobara el Decreto regulador de la “Oficina de Derechos Lingüísticos” (ODL) , desde el Grupo Popular presentamos alegaciones, que se desdeñaron aduciendo que eran meros “juicios de valor”. Así que, una vez más, hemos tenido que recurrir al TSJ que, agotadas todas las vías, es el cauce que queda para examinar la legalidad de las normas. Como hicimos antes con los decretos de chantaje en educación, o con el de usos institucionales y administrativos de lenguas cooficiales. Otros se dedican a hablar; nosotros, actuamos.
Porque mientras el Botànic siga conduciendo en dirección contraria a la ley, la moderación y el consenso, ni nos van a parar, ni nos van a callar . Eso no es judicializar la política: es defender la legalidad. Y la culpa, es de quien legisla mal.
Pues bien: al recibir el expediente, hemos descubierto unos elocuentes ‘Papeles’, elaborados por el mismísimo corazón de Presidencia en el Palau de la Generalitat .
Porque su propio Subsecretario, ha emitido un Informe demoledor (para el Decreto y para el Consell que, haciendo caso omiso, lo ha aprobado). Expresando las mismas objeciones que el PP, denuncia infracciones tan graves como, entre otras, la falta de fundamento legal para obligar a las Administraciones local y estatal ; la nula claridad en cuanto a la naturaleza de las actuaciones de la ODL; o la presunción de culpabilidad que preside un procedimiento sin garantías.
El Informe de Presidencia, además, declara literalmente: “Se considera que estos preceptos..., vulneran el principio de legalidad. Se trata de una imposición a los ciudadanos de obligaciones que afectan al ejercicio de sus derechos y libertades en el ámbito de las relaciones privadas por una norma de rango reglamentario, sin que la Administración haya sido habilitada para eso por una norma con rango de ley".
Porque la cuestión es clara. En caso de conflicto lingüístico entre un valencianoparlante y un castellanohablante, teniendo en cuenta que el Estatut establece que ninguno de ambos puede ser discriminado por razón de lengua: ¿cómo se pueden defender los derechos de los dos a la vez? Porque la Oficina no debería intervenir -aunque lo pretenda- para imponer el valenciano en las relaciones entre personas privadas. Como señala el Tribunal Constitucional.
Y coincide en ello el Consell Jurídic Consultiu , que ha dictaminado, también con toda claridad, que “han de suprimirse las referencias a las personas físicas y jurídicas de naturaleza privada como posibles sujetos pasivos de quejas y sugerencias”. Objeción frontalmente eludida por el Consell, a pesar de estar calificada como ‘esencial’ e ‘insalvable’.
Y una de dos: O el Presidente Puig no se entera de lo que pasa en su gobierno, lo cual es inverosímil y, en todo caso preocupante. O es que no sabe, o quizá no quiere, plantarse ante Compromís, ni siquiera ante advertencias claras de ilegalidad.
Como declarar que una persona ha vulnerado derechos (“denunciar, averiguar y tomar medidas”) sin dejarla intervenir en el expediente o recurrir, y anotándolo, además, en un registro de malos valencianos, que, por cierto, ni siquiera han dado de alta en protección de datos , lo que ha habido, también, que denunciar ante la Agencia Estatal.
Los ‘Papeles del Palau’ han dejado al descubierto, claramente, que el contenido de la Oficina Lingüística es notoriamente ilegal . Por razones varias y graves. Pero, a pesar de las advertencias, y por tanto a sabiendas, todo el Consell, en Pleno, lo ha aprobado. Si no se revoca de urgencia este Decreto de inmersión vigilada, se habrá dictado, y mantenido, una norma, a sabiendas de su injusticia. Y eso, en Derecho, tiene un nombre: Prevaricación. Presunta, claro. Y ahí lo dejamos. De momento.
(*) Doctora en Derecho
Licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración
Diputada autonómica PPCV
Twitter: @MJFSanSegundo
Instagram: @mjfss
