Política
Ocho cargos de la Generalitat y dos expertos decidirán el nivel de valenciano que se exigirá a los funcionarios
La comisión que sentará las bases sobre el requisito lingüístico deberá tener sus conclusiones antes de marzo de 2022
La Generalitat Valenciana ha constituido la comisión que estudiará y propondrá los criterios sobre el nivel de valenciano que se exigirá como requisito a las personas que quieran acceder a un empleo público. El Diari Oficial ha publicado este miércoles la creación de este grupo de trabajo adscrito a la Conselleria de Justicia.
La nueva Ley de Función Pública, que se aprobó en marzo con la oposición y los sindicatos en contra, establece que quienes quieran trabajar para la Generalitat deberán «acreditar la competencia lingüística en los conocimientos de valenciano», que hasta ahora solo figuraba como un mérito más . Así ocurre ya en otras comunidades con lenguas cooficiales como País Vasco, Galicia, Cataluña o Baleares.
La normativa garantiza que se respetará «el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes», pero deja este punto en manos de un reglamento que el Consell tendrá que aprobar « en el plazo de un año desde la entrada en vigor» de la ley.
Será esta comisión la que siente las bases de ese documento, que tendrá que estar listo en marzo de 2022 y en el que se determinará qué conocimiento del valenciano se exige a cada grupo de empleados públicos. Eso sí, antes de que reciba luz verde, la Conselleria de Educación (Compromís), que tiene las competencias en Política Lingüística, deberá emitir un informe favorable .
La coalición que lidera Mónica Oltra era partidaria de extender el requisito lingüístico a todo el personal público sin excepciones, pero los socialistas de Ximo Puig quisieron incluir una enmienda para eximir a los sanitarios de esta obligación en caso de que hubiera necesidad de cubrir plazas.
Para evitar el choque entre socios , se decidió dejar la decisión en manos de una comisión que estará integrada por ocho altos cargos del Gobierno de PSPV, Compromís y Unidas Podemos y solo dos profesionales del ámbito universitario . Emili Sampío, subsecretario de Presidencia, ejercerá como presidente, y María Belén Cardona, subsecretaria de Justicia, como coordinadora.
Los vocales son Miquel Soler (secretario autonómico de Educación), David Alfonso Jarque (director general de Función Pública), Vicente Serra (subdirector de de Ordenación y Régimen Jurídico), Rubén Trenzano (director general de Política Lingüística), Eva María Coscollá (subsecretaria de Educación), Gemma Lluch (catedrática de Filología Catalana de la UV), Antoni Mas (profesor de Sociolingüística de la UA) y María Gracia Mateu (subdirectora del Instituto Valenciano de Administración Pública), que ejercerá también como secretaria.
«Una deuda histórica»
La resolución, firmada por la consellera Gabriela Bravo, vincula el requisito lingüístico con el artículo 6 del Estatut d'Autonomia de la Comunidad Valenciana, que señala que el Gobierno autonómico debe velar por el uso normal y oficial del valenciano y el castellano, sin que nadie pueda ser discriminado y protegiendo la lengua propia.
Bravo ha asegurado este miércoles, en el acto en el que se ha constituido la comisión, que los criterios para la elaboración del reglamento serán «razonables y proporcionales en la línea que ha marcado el Tribunal Constitucional».
«Este es un día importante, ha señalado la consellera, porque teníamos una deuda histórica pendiente ya que éramos la única comunidad autónoma con dos lenguas que no tenía incorporada a la ley la exigencia de capacitación lingüística». «No queremos que el valenciano se convierta en un elemento de confrontación, que es en lo que lo ha convertido la oposición» come-tiendo, a su juicio, «una grave irresponsabilidad», ha apuntado.
