Política
La nueva Renta Valenciana de Inclusión no estará en pleno funcionamiento hasta 2020
La Generalitat calcula que la medida tendrá 95.000 beneficiarios
El pleno del Consell ha aprobado este viernes el anteproyecto de ley de Renta Valenciana de Inclusión , que prevé beneficiar a cerca de 95.000 personas en 2020, año en que se producirá su última fase de aplicación, que se llevará a cabo de forma "escalonada" desde 2018, cuando entrará en vigor.
Así lo ha indicado en rueda de prensa en València la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra , quien ha explicado que la futura norma sustituirá a la actual renta garantizada de ciudadanía con distintos tipos de prestaciones: una complementaria del trabajo o de las prestaciones que no llegan al 80 por ciento del salario mínimo interprofesional, y una segunda de Inclusión Social, que se concederá en función de una valoración individual de la persona solicitante y que variará en función de diversos aspectos.
De esta forma, el importe de ésta será de 532 euros en el caso de un titular, frente a los 385 actuales, tanto en los casos en que la persona no necesite un itinerario de inserción o de acompañamiento como en los que sí lo requiera, y en este último caso, si el solicitante renuncia voluntariamente a realizarlo mantendrá la ayuda, pero se reducirá hasta los 266 euros.
Entre las novedades del anteproyecto --que ahora deberá pasar por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y el Consell Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana-- respecto a la actual renta, Oltra ha destacado su carácter indefinido, c uando hasta ahora había un límite de tres años.
"Habrá una duración indefinida de la ayuda mientras se mantenga la situación de la persona ", ha aseverado la consellera, quien ha indicado que hasta ahora el sistema se "colapsaba" por la caducidad y renovación de las rentas, lo que además provoca que "el personal de servicios sociales de los municipios continuamente esté haciendo de administrativo".
Esta renta, además, será compatible con un contrato laboral durante los tres primeros meses y en varios casos supondrá un complemento de apoyo al alquiler, así como acceso automático a becas escolares para las familias que cuenten con ella.