Multas de 750 euros a dos bañistas por ignorar la bandera roja en Jávea

El municipio alicantino de Jávea ha multado por primera vez a dos personas que obviaron la prohibición de bañarse con bandera roja, según ha informado el ayuntamiento. La Policía Local ha aplicado este lunes, por primera vez, el artículo 139 de la Ordenanza de Convivencia Ciudadana y Seguridad que le faculta a denunciar a las personas que vulneran la prohibición de bañarse cuando está izada la bandera roja y obvian las indicaciones de los agentes de la autoridad o personal de salvamento.

En concreto se interpuso denuncia contra dos bañistas en la playa del Arenal. Según han explicado desde Cruz Roja , toda la jornada de ayer (1 de agosto) fue muy complicada en las playas desde la apertura de los puestos de socorro, y en toda la costa ondeaba la bandera amarilla por oleaje.

A las 17.00 horas, la situación en el Arenal empeoró tanto en el oleaje como en las corrientes, por lo que se vieron en la obligación de prohibir totalmente el baño.

No obstante, a pesar de la presencia de banderas rojas y de los constantes comunicados por megafonía indicando la prohibición del baño, numerosas personas siguieron entrando al agua y se tuvieron que realizar varios rescates a bañistas con grandes dificultades para salir de las zonas con corrientes, han asegurado fuentes del consistorio.

De hecho, esta temporada de baño está resultando especialmente trágica en la Costa Blanca alicantina, con varios casos mortales de ahogamiento y, en todos los casos, de bañistas que también ignoraron esta norma de seguridad de la prohibición indicada con bandera roja. Hasta el punto de que expertos de la Universidad de Alicante han alertado de este riesgo y han difundido recomendaciones para evitar el efecto de arrastre mar adentro .

Para atajar la situación, la Policía Local de Jávea, que este verano está en primera línea de playa, interpuso dos denuncias a bañistas que no estaban respetando las indicaciones de los socorristas, al adentrarse en el mar y poner en riesgo "sus propias vidas" y "la del personal de Salvamento y de Policía", han explicado las mismas fuentes.

Estos hechos son considerados graves en tanto que "dificultan, de manera intencionada, las funciones del servicio público de salvamento y están sancionados con 750 euros", han especificado.