Covid-19

Mónica Oltra defiende su gestión sobre las residencias durante la crisis del coronavirus

La vicepresidenta se niega a que solo se reaccione ante los incumplimientos de los centros de mayores cuando hay vídeos

Última hora del coronavirus y el estado de alarma en la Comunidad Valenciana

Imagen de Mónica Oltra en su comparecencia en las Cortes para informar de las residencias de mayores EFE

D. V.

La vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra , ha asegurado este miércoles en las Cortes Valencianas que se niega a que solo se reaccione ante los incumplimientos por parte de las residencias de personas mayores cuando hay vídeos que los muestran.

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En su comparecencia para informar sobre la situación de las residencias de mayores en relación con el coronavirus , Oltra ha defendido las actuaciones de su departamento para hacer frente la pandemia, así como aquellas destinadas a proteger a las personas residentes.

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Lo que pasa en el caso de Vila-real, afirma, es que «no hay vídeo», como sí lo hubo en la residencia de Llíria (Valencia) que provocó una fuerte indignación social, pero «me niego a que el mundo tenga que funcionar por vídeos y por Youtube» porque el informe de la inspección en la residencia Sant Llorenç «pone los pelos de punta», ha asegurado.

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Asimismo, ha afirmado que los operadores de servicios sociales deben tener «muy claro» que «aquí lo primero son las personas, no su beneficio», y que quien quiera operar en este ámbito debe tener responsabilidad social . Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación preguntada por las sanciones impuestas a la empresa Domus Vi -de 40.000 euros por la residencia de mayores de Alcoy y de 174.000 por la de Llíria-, de las que ha dicho que se trata de que salga «más a cuenta cumplir la ley que pagar la sanción».

La también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas ha asegurado que entiende «perfectamente» la reacción de los familiares de la residencia de Velluters (València), cuya gestión se ha adjudicado a Domus Vi, pero ha indicado que la ley prima a «estos grandes grupos empresariales en lugar de primar la salud y el bienestar de las personas».

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Ha reiterado su petición de que el Gobierno de España cambie la ley de contratos públicos en el ámbito de los servicios sociales, donde «no puede pesar más el precio», sino que para las adjudicaciones debería valer «mucho más» la calidad técnica y la asistencial, que es «de lo que depende el bienestar y la dignidad de los residentes».

«Aquí no estamos fabricando tornillos, estamos cuidando a personas», ha manifestado Oltra, para quien «no puede ser» que las «consideraciones mercantilistas» del precio estén «por encima de la dignidad de las personas», por lo que ha pedido «celeridad» al Gobierno para acometer ese cambio.

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