POLÍTICA
Marzà ficha en Educación a una condenada por fraude con el agua
La exconcejala en La Nucía manipuló el contador para dejar de pagar 11.000 euros
La Conselleria de Educación ha colocado en uno de sus departamentos de formación a una condenada por un juzgado alicantino hace dos años tras haber defraudado en el suministro de agua potable dentro de una comunidad de vecinos .
Josepa Sonia Pérez Ortuño se había presentado en el municipio alicantino de La Nucía como número tres de la lista de Compromís -el mismo partido del conseller, Vicent Marzà- pero no resultó elegida, ya que la coalición únicamente obtuvo un concejal en los últimos comicios de mayo de este año. No obstante, sí había ejercido ya como edil entre 2007 y 2011 , cuando se presentó con el Bloc en coalición con el PSOE.
Ahora, su compañero de filas Marzà ha situado a Pérez Ortuño (profesora de inglés) al frente del departamento del Servicio de Idiomas y Programas Europeos de la Conselleria .
El fraude por el que se le condenó tuvo lugar en 2007, cuando ella y su hermana Milagros compraron un inmueble de seis viviendas en la avenida de España de este municipio alicantino y «con ánimo de menoscabar el patrimonio ajeno, realizaron un desvío de agua hacia el resto del inmuble que permitía el suministro y tránsito constante y permanente al edificio sin que el mismo fuera registrado por el contador », según se considera probado en la sentencia de un juzgado de Alicante, dictada en 2013.
La trampa la detectaron técnicos de los servicios municipales del agua potable durante una inspección rutinaria cuando Sonia Pérez ya era concejal. Tras un estudio «pormenorizado», concluyeron que el importe defraudado ascendía a 11.000 euros .
De hecho, en el momento de la adquisición del edificio por las dos hermanas había media docena de viviendas, dos locales y un almacén, pero únicamente cuatro contadores de agua, tres en los pisos y uno en un local, con lo que no se podía abastecer individualmente a todos.
«Ética en la gestión»
La sentencia condenó a las dos acusadas como «autoras criminalmente responsables de un delito de defraudación de agua potable » a una pena de tres meses de multa con una cuota de seis euros, es decir, algo más de mil euros en total. Para fijar la pena, el juez tuvo en cuenta tanto el acuerdo de conformidad de las procesadas -lo que rebajó la petición de pena por parte del Ministerio Fiscal- como la atenuante de «dilaciones indebidas» en el proceso , pues el juicio se celebró seis años después de detectarse el fraude e interponerse la denuncia.
Justamente el conseller de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà -protagonista de numerosas controversias desde que accedió al cargo, tanto por su respaldo a las tesis catalanistas en el pasado como por su ofensiva contra la educación privada y concertada-, hizo alarde en septiembre de su compromiso con la transparencia al promover un código ético de buenas prácticas en la gestión cultural con el que se busca, según sus declaraciones públicas, acabar con «la nefasta gestión del modelo clientelar» y los «nombramientos a dedo». Una premisa que no parece concordar con la incorporación a su departamento de esta candidata de su partido a las municipales condenada por un fraude doméstico.
