Política
Malestar en Comisiones Obreras con Rosa Pérez por su escasa iniciativa desde la Conselleria
El descontento sobre los primeros meses de gestión cunde en el sindicato, vinculado tradicionalmente a Izquierda Unida
El desarrollo de la ley de responsabilidad social empresarial es una de las mayores reclamaciones de CC.OO.
Esquerra Unida entraba por primera vez en el Gobierno valenciano el pasado junio. Tras presentarse a las elecciones de la mano de Podemos, el partido marcaba un hito en su trayectoria después de perder representación en el Parlamento autonómico durante la anterior legislatura. Las expectativas, como suele ocurrir en estas ocasiones, eran altas. Tanto a nivel interno como para aquellos colectivos históricamente vinculados a ellos. Pero gobernar, ya se sabe, no es fácil. Y contentar a los propios (y ajenos) tampoco.
Es lo que parece ocurrir con Comisiones Obreras , cercano tradicionalmente a IU, y cuyo balance no es del todo positivo en los primeros siete meses de legislatura en determinadas cuestiones. Según diversas fuentes, existe malestar por la escasa iniciativa de la máxima representante de Esquerra Unida en el Consell, Rosa Pérez, responsable del área de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática.
Al parecer, algunas voces del sindicato consideran que no se les ha dispensado el trato oportuno, por ejemplo, a la hora de abrirles las puertas del departamento . En su opinión, Pérez ha tardado en demasía en sentarse con ellos. Lo hizo, de acuerdo con fuentes de CC.OO., por primera vez hace dos meses después de que su secretario general en la Comunidad Valenciana, Arturo León, lo solicitara expresamente. Por el momento, ha sido el único encuentro.
Otros miembros prefieren atenuar las críticas y, aunque admiten que la iniciativa no partió de la consellera -algo que les hubiera gustado-, no tienen queja del trato puesto que sí les ha recibido.
Pero el descontento no viene únicamente por las reuniones, sino por una de las reclamaciones más importantes que tiene actualmente la organización: el desarrollo reglamentario de la ley para el fomento de la responsabilidad social empresarial . Ésta fue impulsada la pasada legislatura desde la Conselleria de Transparencia dirigida por Manuel Alcaraz, por lo que la competencia recae ahora directamente en Rosa Pérez y en las direcciones generales ocupadas por cargos de Esquerra Unida.
La norma fue aprobada por las Cortes Valencianas en julio de 2018 -con el único rechazo del PP- e incorpora cláusulas de responsabilidad social en la contratación pública, de manera que la Administración no sólo valore la oferta más ventajosa económicamente, sino la que cumpla con aspectos sociales o medioambientales.
Se establece, a modo de ejemplo, el cumplimiento de los derechos laborales y de empleo digno en los pliegos de contratación; que las personas o entidades licitadoras, contratistas o subcontratistas, empresas filiales o empresas interpuestas no puedan realizar operaciones financieras en paraísos fiscales; o medidas de planificación como un Plan Valenciano de Responsabilidad Social o la creación de órganos de participación y consulta como el Consejo y Observatorio Valenciano de Responsabilidad Social.
Pero entre las cuestiones más importantes para los sindicatos se encuentran las laborales, que fueron aceptadas en el trámite de enmiendas presentadas por CC.OO. y UGT. Así, la ley incluye la obligación de subrogar las plantillas de las empresas contratadas por la Administración si hay cambio de titularidad, además de garantizar plantillas mínimas y salvaguardar las condiciones económicas y las horas trabajadas.
La norma será aplicable tanto para las contratas de Generalitat -unas 8.500-, como para diputaciones, mancomunidades, ayuntamientos, sector público institucional y universidades.
En trámite
Desde la Conselleria arguyen que los desarrollos reglamentarios que dependen únicamente de ellos ya están tramitados: el de Territorio Socialmente Responsable y el del Consejo Valenciano de Responsabilidad Social. La constitución de este órgano aseguran que será prioritaria y calculan que estará en marcha entre finales de febrero y principios de marzo.
Los otros dos restantes desarrollos reglamentarios -el de entidades socialmente responsables y el de cláusulas sociales en la contratación con Hacienda- se están impulsando, indican, junto con la dirección general de Economía Sostenible. La intención es que ambos pasen por el Consejo «para que tengan el mayor consenso posible», comentan. «Cuando empezó esta legislatura, los plazos que marcaba la ley ya estaban sobrepasados, por lo que ahora se está trabajando con la mayor celeridad y máximo diálogo posible», apuntan.
