Crisis de gobierno
La maldición de los alcaldes de Alicante
Los tres últimos políticos electos al frente de este Ayuntamiento se han visto acorralados por procesos judiciales
Una maldición parece perseguir al cargo de alcalde en Alicante, puesto que los tres últimos politicos - Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo (PP) y Gabriel Echávarri (PSOE) - que han llevado la vara de mando elegidos como cabezas de lista ( Miguel Valor solo ejerció unos meses en 2015 tras la dimisión de su antecesora) se han visto acorralados por varios procesos judiciales, lo que les ha abocado a salir por la puerta falsa del gobierno municipal.
El caso ahora candente es el de Gabriel Echávarri , que por ahora se mantiene en el cargo prácticamente contra todos, excepto sus compañeros de partido , el PSOE, si bien este miércoles el presidente del PSPV y de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig , se ha puesto un poco de perfil al manifestar que «es evidente que es una situación complicada y desde luego son los protagonistas los que tienen que ver cómo solucionan esta cuestión». Un pronunciamiento más ambiguo que los precedentes, cuando arrecian las peticiones de dimisión de su compañero alicantino, incluso desde sus socios de gobierno autonómico e investidura, Compromís y Podemos .
Además de llegar a Valencia, el terremoto político ha hecho saltar en mil pedazos el tripartito que gobierna el ayuntamiento alicantino, con los nacionalistas ya fuera de toda competencia y Guanyar (EU y Podemos) esperando al día 15 para hacer lo propio si sigue en el puesto Echávarri.
Pero antes que los socialistas, en las filas populares también se las han visto con los tribunales como rémora en sus dos décadas en el poder local de la ciudad. Luis Díaz Alperi se tuvo que enfrentar desde que en 1995 llegó a la Alcaldía a varias denuncias del entonces portavoz de Esquerra Unida , José Luis Romero, por supuestas irregularidades en varias empresas vinculadas a él, si bien no hubo ninguna condena.
Denuncias de la oposición
De hecho, la iniciativa de cuestionar al alcalde ha partido siempre de la oposición, que ejerce la acusación particular en las causas pendientes contra estos tres alcaldes. Para Alperi y Castedo, la espera es larga por la complejidad de la instrucción por el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU ) para favorecer al constructor y contratista Enrique Ortiz . Denunciaron el caso EU y el PSOE, y esta presión debió pesar en el ánimo del primero para dimitir y pasar el relevo en 2008 a la entonces concejal suya del área de Urbanismo, precisamente. Posteriormente, en 2011, como candidata resultó elegida con el mayor número de votos que ha obtenido ningún alcalde en Alicante , 75.000.
No obstante, los dos populares han podido respirar tranquilos en el denominado « caso Rabassa», que se archivó , y para Alperi también hay otra cuenta pendiente en los tribunales, por posibles delitos fiscales .
En la actual legislatura, se han cambiado las tornas y ha sido el PP quien ha llevado a los juzgados al alcalde, a quien parece que el jarabe no le ha gustado tanto. Llaman la atención sus opiniones expresadas en una entrevista concedida a ABC durante la campaña electoral de 2015, cuando al preguntarle por si había una excesiva «judicialización» de la vida política alicantina, contestaba lo siguiente: «Si no fuera así, no hubiera dimitido Camps y seguiría siendo alcaldesa Sonia Castedo. ¿Judicialización? Si es para denunciar corrupción, mi partido está dipuesto a gastarse lo que no tiene . Queremos establecer un protocolo de prevención de la corrupción, con doble firma de funcionarios para cada contrato público y con más peso para los criterios objetivos en los concursos públicos. Y se tiene que preservar la identidad del denunciante ».
Echávarri ha pasado de abogar por ese rigor en los concursos públicos a adjudicar a dedo al menos 14 contratos del área de Comercio -según el auto de procesamiento del juez- y 190.000 euros en trabajos supuestamente troceados .
Y también ha pasado de querer garantías de que quien denuncie posible corrupción no sufra represalias a anunciar en Facebook que iba a despedir a una funcionaria interina, cuñada del portavoz del PP, Luis Barcala , justo cuando este concejal había denunciado en los tribunales el posible fraccionamiento de contratos.
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