Los juzgados españoles tienen en juego más de 40.000 millones de euros

Los juzgados españoles tienen "en juego" más de 40.000 millones de euros, según ha explicado el decano de los jueces valencianos, Pedro Viguer , quien advierte de la trascendencia de la eficiencia judicial sobre el sistema económico, como responsable de posibles "nudos en la tubería del flujo económico".

"Si no somos capaces de resolver estos litigios en un plazo razonable la Justicia se convierte en un obstáculo para la economía , y eso es algo que obviamente tienen muy en cuenta los inversores extranjeros", señala Viguer en una entrevista con Efe.

Además, añade, "el retraso excesivo puede provocar incluso el hundimiento o la desaparición de una empresa, por lo que una reclamación en vía civil puede derivar en concurso de acreedores o reclamaciones en los juzgados de lo social".

Por este motivo, considera necesaria " una apuesta verdadera por la justicia en este país" , y señala a la cifra de jueces en España como uno de los puntos clave.

"Si en Europa hay unos 21 jueces por cada 100.000 habitantes de media, en España tenemos unos 11, y en la Comunitat Valenciana entre 9 y 10, de modo que estamos por debajo incluso de la media nacional", explica.

Por otra parte, Viguer lamenta el "escaso recorrido" de las 58 medidas contra la corrupción que medio centenar de jueces decanos plasmaron el pasado mes de diciembre en el documento "Reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción".

Ante la "s ospecha generalizada sobre la gestión de lo público ", los jueces decanos reclamaron la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción, agravar las penas de delitos como tráfico de influencias o prevaricación o la revisión de la figura del aforado.

"Eran medidas concretas, algunas de ellas no requerían más que ligeras modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal , pero al contrario de lo que esperábamos, se han planteado otras medidas que obstaculizan el trabajo judicial, como la limitación de los plazos de instrucción, que no se comprenden entre quienes conocemos los procedimientos en el día a día", señala Viguer.

"Esta reducción de plazos no tiene sentido cuando determinados trámites, como una comisión rogatoria o la solicitud de un análisis de ADN, pueden demorarse durante meses", agrega.