Tribunales
El juzgado inmoviliza la vivienda de la familia de Carlos Fabra en Oropesa
La casa aparece como garantía para el préstamo que Fernando Roig le habría concedido al expresidente de la Diputación de Castellón por 1,4 millones
Un juzgado de Castellón ha inmovilizado de forma cautelar la vivienda de la familia del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra en Oropesa, que fue registrada el 22 de septiembre y que aparece como garantía para el préstamo que el presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF , Fernando Roig , le habría concedido a Fabra por 1,4 millones. Fernando Roig figura entre los 27 investigados en estas diligencias, en los que se incluyen el propio expresidente de la Diputación y varios de sus familiares.
Según han confirmado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) , esta medida cautelar fue adoptada hace algunas semanas en el marco del proceso abierto por el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón que investiga a Fabra, su mujer, su hijo, un exasesor y varios empresarios.
El Juzgado trata de esclarecer si el exmandatario provincial del PP ocultó bienes de su patrimonio personal para dificultar la ejecución de la sentencia por la que fue condenado a cuatro años de prisión.
Del mismo modo el juzgado ha hecho un requerimiento de información al PP de Castellón para que identifique la persona, personas u órgano que autorizó el pago a Carlos Fabra y a una mercantil de tres facturas -de abril, mayo y junio de 2012- por valor de 58.900 euros.
Unas facturas, que según el PP, ya fueron entregadas al juzgado el pasado mes de septiembre, aunque ahora el juez ha pedido que se aclare qué persona, personas u órgano autorizó esos pagos.
El presidente del PP de Castellón, Miguel Barrachina , ha sido preguntado este miércoles en Burriana por el pago de estas facturas a Carlos Fabra y una empresa de su propiedad, y ha dicho que estas fueron pagadas por la anterior dirección del partido, que ostentaba el propio Carlos Fabra, ya que el congreso provincial que designó a Javier Moliner como sucesor de Fabra al frente del partido tuvo lugar en julio de 2012.
Barrachina ha dicho no tener «mayor detalle ni mayor información al respecto» y ha mostrado su «respeto absoluto» y su «colaboración máxima e inmediata» con la justicia.
Según informó en su día el TSJCV, entre los investigados figuran administradores de empresas y particulares que ordenaron o participaron en la transferencia de fondos a cuentas bancarias de Fabra, de sus familiares o de sus sociedades, fundamentalmente entre los años 2011 y 2012.
Algunas de las mercantiles investigadas por esas transferencias bancarias, ingresos de cheques, pagos de facturas u otras operaciones económicas fueron adjudicatarias de contratos públicos en la época en la que el político presidió la corporación provincial castellonense.
El juzgado abrió esta causa en junio de 2017, tras recibir una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, uso de información privilegiada, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho.
La investigación, que ha estado secreta hasta septiembre de este año, trata de determinar el origen de los flujos económicos manejados directamente o a través de terceros por el expresidente de la Diputación de Castellón y si esos ingresos pudieron responder a labores de intermediación realizadas durante el ejercicio de cargo público.
El juzgado también investiga si se produjo una ocultación patrimonial mediante un entramado de empresas y personas para dificultar el cobro de la deuda contraída con Hacienda tras la condena penal.
