El juzgado desestima aclarar la contabilidad festera de Alcoy y se dilucidará en un contencioso

El juzgado de Alcoy que se ha ocupado de la denuncia de dos festeros -en calidad de socios- para reclamar el acceso a las facturas y detalle de los ingresos y gastos de la organización de las celebraciones de Moros y Cristianos ha desestimado esta petición por considerar que esta documentación estuvo disponible para ellos, si bien no precisa en qué fechas.

Como los litigantes también habían pedido esta información igualmente sin éxito al ayuntamiento, al tratarse en gran parte de fondos públicos de subvenciones (148.000 euros en 2015) y recaudación por la venta de sillas para los desfiles de forma delegada por los responsables muncipales (388.000 euros ese año), este asunto se tendrá que dilucidar en otro tribunal, porque han presentado un contencioso-administrativo.

En la sentencia del juzgado número 1 de Alcoy con fecha de 30 de diciembre de 2016, que ha sido notificada a las partes esta semana, se reitera en varias ocasiones que la contabilidad sí estuvo accesible, por el testimonio de varios representantes de la Asociación de San Jorge -también conocida como el Casal , entidad organizadora de las fiestas- aunque no se les conmina en ningún momento a aportar en el juicio. En la actualidad, cuando incluso un volumen de datos tan abrumador como los Presupuestos Generales del Estado, se pueden almacenar en una simple llave de memoria USB de unos centímetros, sorprende que las cuentas de los Moros y Cristianos no se puedan facilitar sin más, se han lamentado los denunciantes.

«No es el momento ahora de determinar si la información que se preparó es suficiente o no», se afirma en la sentencia, además de señalar que las memorias contables se aprueban en asamblea y los festeros tienen su representación en estas reuniones. Tampoco se aclara, eso sí, qué datos concretos se aportan antes de la votación.

Paradójicamente, aunque los representantes del Casal han asegurado a la jueza que pusieron a disposición de los denunciantes estos documentos, en junio del año pasado alegaron al ayuntamiento que facilitarlos era un «abuso de derecho» y una petición con «falta de motivación» por parte de estos socios.

De hecho, al intentar en dependencias municipales obtener los expedientes justificativos de las subvenciones, tuvieron que desistir y el asunto ha terminado en un contencioso.