Justicia pide modificar la ley valenciana para incluir sanciones de 15.000 euros a proxenetas y clientes en carreteras
La consellera Gabriela Bravo reclama una reglamentación estatal integral contra la prostitución y destaca que la iniciativa es un paso más «para una sociedad libre de esta vergüenza»
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La titular de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo , ha anunciado este lunes la petición a Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para llevar a cabo la modificación de varios artículos de la Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana, con fecha de 1991, para que se pueda sancionar con multas de hasta 15.000 euros a proxenetas y a los clientes de prostitución que pretendan adquirir sexo de pago en las vías de titularidad autonómica.
Bravo ha realizado este anuncio durante su intervención en el Foro Feminista «Propuestas Ordenanza Prostitución», organizada por el área de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, en el que ha asegurado que esta iniciativa se une a las otras que ha puesto en marcha su departamento «para poder establecer una sociedad libre de prostitución ».
La consellera ha explicado que la propuesta enviada a la Conselleria de Política Territorial se solicita la inclusión de un nuevo artículo al final del Título VIII de la normativa autonómica sobre carreteras donde se prohíba «la ocupación temporal de las zonas de dominio público, de protección y de reserva para realizar en ella usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual ».
Asimismo, la iniciativa añade que se debe establecer «un procedimiento de actuación de apoyo y protección a las personas que realizan usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual».
De esta manera, la reforma que pretende llevar a cabo la Conselleria de Justicia incluye también la adición al artículo 41 de la Ley de Carreteras un nuevo apartado que defina como infracción grave «solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en los espacios sujetos a esta ley, según lo dispuesto en su artículo 2.
En ningún caso las conductas detalladas en dichos artículos serán motivo de sanción para las mujeres en situación de prostitución o víctimas de explotación sexual». En este sentido, se considerará como una infracción grave que podrá ser sancionada con multas de entre 3.001 y 15.000 euros .
Asimismo, la consellera ha explicado que el modelo valenciano para erradicar la prostitución, «en el que estamos trabajando desde hace quince meses», está basado «en la necesidad de garantizar derechos fundamentales porque sin ellos no podemos hablar de democracia».
Por ello, Bravo ha defendido que, aunque hay que «poner el foco en los proxenetas », también «hay que mirarlas a ellas, que no están ahí por su voluntad sino porque seguimos arrastrando un concepto de sociedad patriarcal en el que hay hombres que consideran que tienen derecho a pagar por el cuerpo de una mujer».
«Desde la Generalitat vamos a seguir marcando el camino hacia la abolición con medidas concretas como la modificación de la Ley de Espectáculos y el modelo de Ordenanza Abolicionista para acabar con este fenómeno que nos avergüenza», ha concluido Gabriela Bravo.
Al respecto, la Conselleria de Igualdad de Mónica Oltra presentó diferentes alegaciones al borrador de anteproyecto de ley de modificación de la Ley 14/2020 de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la cartera de Gabriela Bravo, al entender que invade sus competencias en materia de igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
De igual forma, defiende que también se apropia de competencias estatales y que las sanciones a puteros ejercen de manera indirecta una presión añadida hacia las mujeres que ejercen la prostitución, actividad que la Conselleria de Oltra cree que se trasladará a otros lugares más opacos si se persigue su actividad en las carreteras.
No ostante, la vicepresienta de la Generalitat apuntó que la petición que lanzó Gabriela Bravo de trazar una nueva ley integral en España para abolir la prostitución es «de sentido común», porque «dejar a las mujeres migrantes en la situación de precariedad» a las que les aboca esta norma es «imposible».
