Política
La Conselleria de Justicia descarga la responsabilidad política del estado del desfibrilador en la exdirectora general
El PP solicita la comparecencia de Gabriela Bravo en las Cortes Valencianas y pide su dimisión
La muerte de un hombre en la Ciudad de la Justicia de Valencia la pasada semana tras sufrir un infarto , momento en el que fue asistido con un desfibrilador que no funcionó, ha sido definido por la Conselleria como «un fallo en cadena que afectó al aparato» . Fuentes del departamento, que este martes han mantenido un encuentro con los medios de comunicación, han señalado que esperan al resultado de la autopsia y a la investigación abierta por parte de la Fiscalía, aunque han remarcado que el hecho de que el desbifrilador no funcionara no provocó la muerte porque el afectado «recibió desde el primer momento toda la ayuda médica necesaria».
El departamento ha asumido fallos técnicos y políticos en relación con este asunto y han anunciado que la investigación reservada que han puesto en marcha derivará en la depuración de responsabilidades, que en principio podrían apuntar a la anterior directora general de Justicia de la Generalitat, Verónica López.
Falló la tecnología, han indicado, pero no los medios humanos previstos para asistir a estos casos en la sede judicial ni los médicos forenses, dos de los cuales estuvieron a disposición del infartado hasta que, once minutos después del ataque al corazón, llegó el SAMU.
«Nada permite afirmar que la Administración es responsable de esta muerte», han comentado las fuentes de la Consellería, que han añadido que, de ser otra la conclusión de la fiscalía, se asumirían las consecuencias.
Desde Justicia, en todo caso, indican que hubo un fallo en cadena que comienza, sospechan, en la empresa adjudicataria de los desfibriladores, que al parecer pudo equivocarse en las baterías que alimentaban al aparato, lo que podría tener relación directa con el hecho de que estuvieran agotadas el pasado jueves. En este sentido, han comunicado que se han comprado nuevos desfibriladores y que no se ha contado con aquella empresa.
El segundo fallo consiste en que un aparato cuyas pilas no eran las correctas dejó de ser revisado a partir de noviembre de 2016. El contrato de mantenimiento acabó entonces y, aunque hasta noviembre de 2019 no era prescriptivo volver a hacerlo y, un año más tarde, cambiar las pilas, de haberse revisado en este tiempo el problema habría saltado. Es decir, de no haber sucedido el incidente del pasado jueves, el desfibrilador habría seguido inutilizado.
Esa falta de vigencia del contrato de mantenimiento fue puesta en conocimiento del gerente de la Ciudad de la Justicia, Miguel Furió, quien a su vez lo comunicó, en abril de 2018, y por escrito, a la Dirección General de la Consellería de Justicia de la que era titular Verónica López , quien ya no ejerce el cargo.
En ella descargan desde el departamento la responsabilidad primera de este asunto , quien habría podido ser cesada en el cargo si siguiera en él y sus explicaciones no fueran convicentes, aseguran las mismas fuentes.
Pero los fallos no quedaron ahí: los nuevos contratos de seguridad firmados por la Consellería después de 2016 no incluyeron el mantenimiento de los desfibriladores de las ciudades de la Justicia de València, Castelló y Alicante, otra posible vía de solución del problema que tampoco funcionó. Y era necesario, porque el desfibrilador de Castelló ha sido revisado y al parecer tampoco funcionaban sus pilas.
Por su parte, el PP ha solicitado la comparecencia urgente de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo , en las Cortes Valencianas. La petición para que acuda a la comisión la semana que viene ha sido tramitada por la Mesa.
La presidenta de los populares valencianos, Isabel Bonig, ha solicitado igualmente la dimisión de la responsable por su falta de «gestión» y le ha recriminado que alegue «desconocimiento».
