Covid-19
Un juzgado de Castellón suspende el tratamiento de ozonoterapia a un paciente en la UCI por coronavirus
El magistrado entiende que ya no existe riesgo de que se produzcan daños irreparables para el enfermo, cuya familia tiene intención de trasladarlo a otro hospital
Última hora del coronavirius, las restricciones y la vacunación en la Comunidad Valenciana
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Castellón ha acordado levantar a partir del 1 de septiembre la medida cautelar que autorizaba a tratar con ozonoterapia , por parte de personal externo y a petición de la familia, a un paciente con coronavirus ingresado en la UCI del Hospital de La Plana de Villarreal.
El magistrado titular considera que se ha producido un «cambio sustancial» en las circunstancias respecto a las que se tuvieron en cuenta al dictar la resolución del pasado 13 de agosto, por parte de la juez sustituta, pues no existe ya riesgo de que se produzcan daños irreparables para el paciente.
Además, señala el auto, los familiares -que habían pedido que se prorrogara la medida cautelar dos semanas más- han manifestado su intención de trasladarlo a otro centro hospitalario, asumiendo el riesgo que esa decisión pueda conllevar. Por ello, el juez da un amplio margen -hasta el próximo miércoles- para que ese traslado se produzca sin «eventuales cambios súbitos» en la terapia .
Según el escrito, el equipo médico externo considera que el paciente está «fuera de peligro» y en condiciones de viajar fuera de la Comunidad Valenciana en una UCI móvil con respirador, puesto que su recuperación es «excelente y está en su tramo final de curación» para abandonar esta unidad.
Por tanto, y ante la asunción de un riesgo, por parte de la familia, que era «inasumible» hace unas semanas , el juez considera que el conflicto entre el interés general y particular que se valoró en un principio ha cambiado.
En las actuales circunstancias, «la solicitud del particular debe ceder ante la negativa razonada de los médicos» a utilizar un tratamiento que no está previsto ni su uso específico está autorizado. Lo contrario, señala, equivaldría a sostener que «los trámites, ensayos, pruebas y autorizaciones relativas a productos o tratamientos de uso sanitario carecen de utilidad y pueden obviarse por la simple acción de un particular», cuando lo que se busca es «proteger la vida y la salud de las personas» con garantías de que su «eficacia y beneficio para los fines de la medicina» está demostrada.
Sin evidencia científica
La Abogacía de la Generalitat Valenciana solicitó al juzgado cesar el tratamiento al argumentar que no hay evidencia científica de que tenga beneficio para el afectado y adjuntó un informe de la Agencia Española del Medicamento y del Instituto de Salud Carlos III que el propio gerente del hospital pidió tras recibir la petición de la mujer del paciente para que se le tratara con ozono.
Los responsables del centro hospitalario se negaron desde un principio a la aplicación de esta terapia y la afectada recurrió a los tribunales, que le dieron la razón. La magistrada sustituta argumentó que, hasta ese momento, la atención médica recibida no había restablecido la salud del enfermo y, en consecuencia, accedía a la petición de su esposa con un fin «compasivo» a falta de alternativas , puesto que no adoptar la medida podría generar perjuicios irreparables para la vida del paciente.
Sin embargo, el informe de las dos entidades destaca que la ozonoterapia no se considera «una opción idónea» ante la falta de ensayos clínicos que respalden su uso y ante la ausencia de evidencia de la eficacia del ozono en «pacientes críticos con Covid grave» y la «incertidumbre» en casos «con neumonía grave» por el virus.
Multitud de organizaciones del sector sanitario han dado la voz de alarma en las últimas semanas ante lo que consideran una injerencia del poder judicial en el ejercicio de sus funciones, que puede abrir la puerta a la aplicación de pseudoterapias sin base científica en la sanidad pública.
De hecho, profesionales sanitarios, particulares y colectivos se concentraron el pasado martes a las puertas de hospitales y centros de salud de toda la Comunidad Valenciana en apoyo al personal de La Plana. Además, el Gobierno valenciano anunció que estaba estudiando emprender acciones legales contra la familia del paciente en cuestión por acusar a los médicos de «obstaculizar» el trabajo de los profesionales externos.
