Caso Erial
La juez sostiene que el bloqueo de 6,3 millones en Suiza minimiza el riesgo de fuga de Zaplana
La magistrada defiende en su auto que nunca se ha impedido ningún tipo de tratamiento o cuidado al exministro
Eduardo Zaplana quedará en libertad más de ocho meses después de ingresar en la prisión de Picassent por una causa en la que se le investiga por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación. Desde el pasado 18 de diciembre, el exministro del PP permanecía en el hospital La Fe de Valencia, donde fue trasladado para someterse a un nuevo tratamiento debido a la enfermedad que padece: la leucemia.
Numerosas han sido las peticiones de puesta en libertad por el estado de salud del que también fuera presidente de la Generalitat. Entre ellas, las de su abogado Daniel Campos –en reiteradas ocasiones– y las de su propio médico, el doctor Guillermo Sanz (jefe de servicio de Hematología de La Fe), quien ha venido advirtiendo constantemente del riesgo de regresar a la cárcel .
La decisión de la juez Isabel Rodríguez, sin embargo, no se basa en argumentos médicos aunque sí entra a valorarlos en el auto al que ha tenido acceso ABC. En este sentido, y a la espera de un nuevo informe forense, sostiene que «nunca se ha impedido ningún tipo de tratamiento o cuidado» y que «toda la población de Picassent tiene los mismos derechos» a ser atendidos. En su opinión, puede ser tratado en otros centros de otros países, lo cual no evita el riesgo de fuga cuando se parte de que Zaplana tiene dinero en el extranjero procedente de los delitos presuntamente cometidos por él. «¿Qué riesgo para su salud supone en el axioma que se plantea el hecho de estar privado de libertad, cuando todos los medios que tiene la sanidad pública se le están aplicando sin límite alguno?», insiste.
Bloqueo de cuentas
La justificación central para la resolución es que han sido localizados 6,3 millones de euros en dos cuentas en Suiza . Según la magistrada, «presunta e indiciariamente» el 90% de ese dinero correspondería a Zaplana y el resto a Joaquín Barceló y Francisco Grau, considerados sus testaferros y que también serán puestos en libertad.
Estando pendiente de que esa cantidad se ingrese en el juzgado -tal como ha ordenado- y al haberse minimizado el riesgo de fuga porque los investigados no podrán disponer de ella, la magistrada ha tomado esta decisión. La cual, además, se produce después de que hayan fructificado los trabajos de los investigadores en países de Sudamérica y Europa durante los últimos meses, que han indagado en el entramado societario que podría haber construido Zaplana en paraísos fiscales, según fuentes cercanas.
Ni Zaplana ni los otros dos detenidos deberán hacer frente a ninguna fianza para salir de prisión, aunque sí están obligados a entregar sus pasaportes -trámite que el exministro ya ha realizado antes de recuperar la libertad-, además de comparecer una vez a la semana en el juzgado de guardia más próximo a su domicilio.
En cuanto a su permanencia en el hospital, fuentes del equipo médico que atiende al expresidente de la Generalitat informaron de que ayer no recibiría el alta, de modo seguirá ingresado en el centro por el momento. La puesta en libertad, de todos modos, parece que acelerará que lo abandone pronto , ya que la vuelta a la cárcel era la causa principal de que no le fuera dada el alta. Las fuentes hospitalarias sugerían, como mejor solución a su estado, el arresto domiciliario con un control estrecho por parte de La Fe.
En el caso Erial, el juzgado de instrucción número 8 de Valencia investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003.
En sus primeras palabras tras conocer la resolución de la magistrada, Zaplana ha asegurado que nunca participó en las adjudicaciones de contratos de las que se le acusa de haber cobrado comisiones ilícitas. Igualmente, pidió que se levante el secreto de sumario para conocer los elementos en los que se basa su imputación.
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