Tribunales
El juez sienta en el banquillo a un alto cargo de Compromís por las ayudas al hermano de Ximo Puig
El director de Política Lingüística de la Generalitat será juzgado tras la denuncia del PP por irregularidades en las subvenciones al fomento del valenciano
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El juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha confirmado la apertura de juicio oral contra el director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano , por la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la concesión de ayudas al fomento del valenciano a las productoras del hermano del presidente Ximo Puig.
Al alto cargo de Compromís -que gobierna en coalición con los socialistas y Unidas Podemos en la Comunidad Valenciana- se le acusa de un presunto delito de falsedad en documento público .
La sección cuarta de la Audiencia Provincial ha rechazado este viernes los recursos presentados por Trenzano contra el procesamiento dictado por el juez. Por tanto, el proceso sigue en marcha con el apoyo del PP -su portavoz adjunta en las Cortes Valencianas, Eva Ortiz llevó la denuncia a los tribunales y pide seis años de prisión para el político- pero sin el de la Fiscalía.
La Conselleria de Educación otorgó subvenciones a Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions -ambas vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat- en 2015 y 2016, por valor de 56.825 y 23.234 euros .
Trenzano afirmó en abril de 2018 , en un escrito oficial -así lo califica el juez- dirigido a los populares, que se había hecho el control correspondiente a las subvenciones concedidas a dichas mercantiles y no había evidencias de irregularidades. Pero realmente estas actuaciones se llevaron a cabo con posterioridad, motivo por el que acabará sentado en el banquillo.
En el auto al que ha tenido acceso ABC, el juzgado apunta que aunque «la falta a la verdad en la narración de los hechos es cuestión que deberá debatirse y dilucidarse en juicio», «resulta asimismo acreditado que Trenzano sostiene que no se detectan irregularidades tras la realización de las actuaciones de control exigidas por la legalidad».
«Pero esto no pudo ser así cuando el plan de control de las subvenciones se aprobó con posterioridad , el 16/7/2018 -dos meses después de firmarse el escrito- y es lógicamente después de esta fecha cuando se inician las actuaciones de comprobación y control. Se contiene no una exposición de opiniones o inferencias de la autoridad firmante, sino una narración de hechos como ciertos, cuando en realidad no parecen serlo », señala la Audiencia de Valencia.
Los magistrados explican asimismo que, pese a que la Fiscalía argumenta que Trenzano es filólogo y se limita a firmar la respuesta redactada por un técnico de su gabinete , «el investigado no dice que firmara en blanco, o sin leer, o sin saber lo que ponía, o engañado por el técnico; ni lo dice ni, en consecuencia, lo prueba».
Cierre de filas
Fuentes de la Generalitat aseguran que el director general « no está acusado de corrupción , ni por haber hurtado dinero, ni por haber financiado nada ilegalmente, ni por haber hecho ningún trato de favor».
También recalcan, en declaraciones a Europa Press, que «el asunto no afecta a ningún euro de dinero público». «La apertura de juicio oral es únicamente por firmar una carta elaborada por un funcionario de la Dirección General como contestación a una diputada del Partido Popular», en referencia a la portavoz adjunta del PPCV, Eva Ortiz.
Consideran que al director general se le acusa «por no haber sido supuestamente preciso en una simple carta, cuyo contenido se validó por los técnicos de la Generalitat». «No puede ser que una denuncia política, partidista e infundada aparte a una persona honesta de un cargo de responsabilidad», lamentan y confían en que «todo se aclare lo antes posible y que la justicia ponga fin a este sinsentido».
Por su parte, la Ejecutiva Nacional del Bloc -integrado en Compromís- se ha reafirmado en su «absoluto convencimiento en la honestidad y el rigor en el desarrollo de las funciones públicas por parte de Rubén Trenzano».
El partido considera que «de ninguna forma una persona asumirá consecuencias políticas por la respuesta a una carta» y afirman que «ninguna denuncia falsa y malintencionada ni ninguna decisión judicial que consideramos arbitraria puede comprometer la acción política valiente» de los representantes del Bloc en las instituciones.