Tribunales
El juez prorroga seis meses más la instrucción sobre las subvenciones al hermano de Ximo Puig
La investigación a distintas productoras audiovisuales está a la espera de un informe que determine el alcance penal de las presuntas irregularidades cometidas
El Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia ha decidido prorrogar seis meses más la investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por las productoras audiovisuales administradas por Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig, y sus socios, los Adell Bover.
A raíz de la denuncia inicial del Partido Popular, se investigan presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad documental en la obtención de ayudas públicas, entre 2015 y 2018, de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón.
Según ha podido saber ABC , la Fiscalía se ha sumado a la petición de los populares -que ejercen la acusación popular- para que se ampliara el periodo de instrucción que vencía el próximo 29 de enero y así lo ha determinado el magistrado a cargo de la causa. Tanto la formación política como el Ministerio Público ya reclamaron en julio una primera prórroga de medio año cuando finalizaron los doce meses iniciales de investigación.
En estos momentos solo queda una diligencia pendiente: un informe de la Guardia Civil que debe cuantificar las subvenciones que recibieron estas mercantiles y establecer, en caso de que se observen irregularidades, si la causa debe seguirse por la vía penal o zanjarse con una sanción administrativa.
Para ello, la Benemérita ha ido recopilando tanto las facturas originales, como los movimientos bancarios, los expedientes administrativos o información de los registros mercantiles, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social sobre las productoras implicadas.
Comunicacions dels Ports, Mas Mut Produccions, Canal Maestrat, Nova C.B., Kriol Produccions y TV CS Retransmisions utilizaron, supuestamente, los mismos recibos, nóminas y contenidos para inflar los gastos y poder justificar diferentes ayudas para el fomento del valenciano en los medios, el empleo juvenil, la edición de medios digitales privados en catalán o aranés y para la realización de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local.
Algunas de estas productoras fueron multadas con 43.000 euros por la Comisión de Defensa de la Competencia por pactar precios para ganar un concurso público para prestar sus servicios a la televisión autonómica, À Punt.
