tribunales
La juez levanta parte del secreto de sumario del caso Azud que afecta al PP y al PSPV
La macrocausa con casi 700 tomos y más de 50 imputados investiga una trama de corrupción urbanística entre los años 2004 y 2011
La zozobra judicial de Ximo Puig y Mónica Oltra a un año de las elecciones autonómicas
Fin a más de cinco años de secreto de sumario del caso Azud . La juez de Instrucción número 13 de Valencia ha decidido levantarlo parcialmente este jueves. Así, ha alzado la medida extraordinaria de la que es una macroinvestigación de corrupción que empezó con el foco puesto en el despacho del cuñado de Rita Barberá (PP), el abogado José María Corbín , así como el exvicealcalde y mano derecha de la propia Barberá, Alfonso Grau .
La macrocausa, con casi 700 tomos de sumario, ocho DVD con documentación y siete discos duros, no solo afecta al Partido Popular del Ayuntamiento de Valencia en la época de Barberá. Cargos del PSPV-PSOE también están implicados en esta operación, con Rafael Rubio , exportavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento, como máxima cara visible del partido en este entramado.
También se está investigando a otros a dirigentes socialistas como José Luis Vera , antiguo jefe de los Servicios Jurídicos de Divalterra (empresa pública de la Diputación de Valencia), o Pepe Cataluña , uno de los históricos «fontaneros» del PSOE valenciano.
Con más de medio centenar de personas investigadas y al menos cinco piezas separadas , en el caso Azud se investigan diversos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal. En definitiva, se cuestiona el sistema de contratación del Consistorio para obtener trato de favor en operaciones inmobiliarias en la época en la que gobernaban los populares en la capital del Turia entre los años 2004 y 2011.
Tanto Rubio (PSPV), quien también fue subdelegado del Gobierno, como Grau (PP), están acusados de cobrar mordidas a cambio de adjudicaciones de infraestructuras por parte de empresas que habrían realizado facturas supuestamente ficticias. Ambos fueron detenidos y encarcelados en mayo del pasado año y posteriormente quedaron en situación de libertad provisional. Así, el levantamiento parcial del sumario puede poner en un grave compromiso a los dos grandes partidos de cara a las próximas elecciones , tanto autonómicas como municipales.
El caso arrancó en 2017 pero no fue hasta dos años más tarde, en abril de 2019, cuando se practicaron las primeras detenciones: las de los abogados José María Corbín y Diego Elum . En una segunda fase, en mayo del pasado año, la juez ordenó la detención de Grau, Rubio y Vera , todos ellos ya en libertad. Al exsubdelegado del Gobierno y al exresponsable de Finanzas socialista el PSOE les suspendió de militancia y les abrió expediente.
Las pesquisas iniciales se centraron en el análisis de la agenda personal del constructor Jaime Febrer , considerado el principal corruptor de la trama, que han destapado vínculos con dirigentes de la izquierda que apuntarían a una presunta financiación irregular. Por lo pronto, históricos del socialismo valenciano como José Cataluña (antiguo jefe de las Finanzas del partido) están imputados en una causa en la que el actual portavoz del PSPV, Manolo Mata , ejerce de abogado del empresario señalado por la Guardia Civil como muñidor de la trama que amenaza con aumentar la zozobra del Gobierno valenciano en los estertores de la legislatura.
La instructura ha citado desde el martes 26 de abril y en días sucesivos, en grupos de ocho a diez investigados a través de su representación, para hacerles la entrega de la causa en soporte informático , y en otras dos jornadas más a principios de mayo a otros ocho investigados, entre ellos empresarios, cuya imputación ha sido diferida hasta la fecha, según recoge Europa Press.
No obstante, permanecerán bajo secreto las piezas 2, 3, 4, 5 y 6 , así como toda la documentación intervenida en soportes y dispositivos de almacenamiento masivo de información, en soportes informáticos, telemáticos y de telefonía móvil, es decir, toda la documentación que no fue incautada en el registro en soporte papel y que fue objeto de registro en mayo de hace un año. También, determinados folios de distintos tomos de la pieza principal.
En este caso, la magistrada justifica el secreto parcial en relación a estas actuaciones porque parte de ellas tienen que ser objeto de comprobación e investigación por la Policía Judicial y en otra parte que afecta a la causa principal porque se están realizando «diligencias esenciales cuya publicidad perjudicaría de forma muy grave el buen fin de la instrucción».
