Caso Taula

El juez interviene la cuenta del PP en el Ayuntamiento de Valencia

El magistrado ordenó el embargo a petición de Anticorrupción tras analizar las notas de García-Fuster

Mari Carmen García-Fuster, en una imagen de archivo ROBER SOLSONA

R. B. CRESPO

El juez encargado del caso Imelsa ha intervenido y bloqueado de forma cautelar la cuenta que el PP del Ayuntamiento de Valencia tenía abierta en el Banco Sabadell, en la cual se habrían realizado los ingresos del presunto blanqueo de capitales.

El magistrado Víctor Gómez ordenó el embargo a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras el análisis de las anotaciones de movimientos pertenecientes a la secretaria del grupo municipal Mari Carmen García-Fuster.

También rastrea la cuenta en la que había 17.000 euros de ganancia con la venta de lotería, sobre la que la Fiscalía puso el foco durante la declaración de uno de los asesores . Aunque rechaza la petición del fiscal de que sea igualmente intervenida al no encontrar «motivos», sí que solicita a la entidad bancaria la relación de movimientos registrados desde la apertura de dicha cuenta.

Estas medidas se enmarcan dentro de la ampliación de la investigación por supuesto delito electoral , que el instructor trata de estructurar alrededor de dos elementos: la mecánica comisiva y el origen del supuesto dinero blanqueado . En el primero, intenta averiguar si bajo las aportaciones se ocultaba el afloramiento de un dinero en efectivo en poder de algún responsable del Grupo Popular como pudiera ser García-Fuster.

En el segundo, la investigación es más compleja por la naturaleza opaca de ese dinero . La última declaración de García-Fuster ante el juez fue clave en este sentido. En ella se negó a desvelar la procedencia de los ingresos detectados en 2003, 2010 y 2011 por un importe superior a 200.000 euros (los cuales coinciden con convocatorias electorales), así como la identidad de la persona (el recaudador) que le entregaba ese dinero .

Este silencio resulta «significativo» para el magistrado pese a que la presunta naturaleza delictiva de comisiones o mordidas en el ámbito de la Concejalía de Cultura que se investigan en la pieza principal del caso Imelsa «son muy anteriores en el tiempo».

Al no estar acreditado el origen delictivo del dinero supuestamente blanqueado –los indicios se encontrarían en la pieza principal de la causa– las declaraciones de García-Fuster permitieron introducir ese ilícito y conllevaron la ampliación de la investigación a posible delito electoral.

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