Caso Taula
El juez archiva la causa para siete investigados por las indemnizaciones hinchadas en Imelsa
El magistrado considera que las sospechas de una «maquinación concertada» quedan «desvirtuadas»
El juez encargado del caso Imelsa, Víctor Gómez, ha acordado sobreseer provisionalmente y de forma parcial la causa relacionada con las indemnizaciones desproporcionadas en Imelsa que se investigan en una pieza separada junto a los contratos a personas que nunca acudieron a su puesto en la empresa pública.
El magistrado la archiva para siete de los trabajadores imputados: Frutos Biosca (ex teniente alcalde de Vallada), María Jesús Aleixandre, María del Carmen Benavent Pascual, María Julia Terol Aleixandre, María Celeste García Estarlich, Rosa Bonilla Dasí y Miguel Ángel Gozalbes Moracho.
Conforme ha informado este miércoles ABC , el juez entiende que los finiquitos eran legales pese a las altas cantidades tras las declaraciones y la información aportada por parte de los investigados y de Imelsa. Las sospechas iniciales se basaban en que pudiera haber existido algún tipo de «maquinación concertada» entre la empresa y algunos trabajadores para que éstos cobraran elevadas indemnizaciones que podrían haber supuesto un «innecesario y arbitrario enriquecimiento» a costa del erario público. Sin embargo, este plan no parece ser general .
La causa se mantiene abierta contra Honorio y Rubén Estornell (padre e hijo respectivamente). El primero, exalcalde de Llutxent y exdelegado sindical de UGT, todavía no ha declarado al justificar su ausencia a la citación en un viaje ya programado con el Imserso. Su caso es el más llamativo. Fue despedido en 2008, año en el que solo estuvo dado de alta el 1 de enero. Por ese único día, festivo, percibió una retribución de 37.607 euros, según el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil -que recoge datos de Hacienda- que consta en el sumario del caso, y además otros 72.251 euros de liquidación por el despido (más de 100.000 en total).
Su hijo Rubén (exdelegado de UGT en Imelsa) defendió que no cometió ninguna irregularidad , aunque confesó, según consta en el auto del magistrado, que intervino en las negociaciones o conversaciones mantenidas sobre el despido de su padre.
También continúa como imputado José Enrique Montblanch , ex director financiero de Imelsa. El juez entiende que la investigación sobre él debe mantenerse y depurarse en lo concerniente a las sumas percibidas en la empresa pública en concepto de retribución variable y dietas.
En cuanto a Miguel Ángel Gozalbes (exconcejal con el que fuera presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus y exdirector de la marca turística Valencia Terra i Mar), no continúa como investigado dado que se ha demostrado que sí trabajaba para la empresa, pero se le recuerda en el auto que su situación dependerá de cómo avance la instrucción respecto a los asesores «zombies» al haber ejercido esta labor.
En esta pieza faltaría ahora por fijarse las citaciones de los 15 trabajadores ficticios contratados por Imelsa, que afectan al responsable de la empresa de comunicación Engloba José Adolfo Vedri y a un jugador del Olímpic de Xàtiva, equipo de fútbol presidido por Rus.
Tras la decisión adoptada por el magistrado, la investigación por prevaricación administrativa, malversación, fraude en la contratación, tráfico de influencias y falsedad documental se dirige contra 21 personas, entre las que se encuentran Alfonso Rus ; su jefe de gabinete, Emilio Llopis ; el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent ; el exdirector financiero de dicha sociedad, José Enrique Montblanch ; y la que fuera jefa de Recursos Humanos de la misma, María Escrihuela por sus atribuciones para llevar a cabo contrataciones bajo sospecha.
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