El juez accede a que las defensas escuchen la conversación completa de Alcón sobre blanqueo

Las conversaciones telefónicas de la exconcejal de Cultura María José Alcón han sido una de las piezas clave en las que se ha basado la investigación del presunto blanqueo de capitales en el PP del Ayuntamiento de Valencia. En una de estas grabaciones, la exedil relata a su hijo, Vicente Burgos, los detalles del supuesto delito mediante la aportación de mil euros al partido que le fueron devueltos posteriormente en billetes de 500.

La primera de estas llamadas (incluidas en el sumario del caso) se produjo el 15 de abril de 2015, un día después de tener el teléfono pinchado y cuando se encontraba interna en un centro sanitario por su frágil estado de salud mental. Este es, precisamente, uno de los argumentos de las defensas de los concejales imputados, al considerar que podría tratarse de una especie de montaje al saber que estaba siendo grabada. También les genera desconfianza el hecho de que comentara de forma tan pormenorizada y didáctica todo este proceso.

Los abogados solicitaron al juez, por este motivo, tener acceso a la conversación entera y no únicamente a las partes recogidas por la Guardia Civil en sus informes, que consideran sesgadas. Argumentos que, sin embargo no comparten los investigadores.

El magistrado ha accedido a esta petición en un auto en el que cita a los abogados el próximo 14 de noviembre. El motivo es que, en su opinión, gran parte del contenido de estos diálogos pueden afectar a la intimidad personal de Alcón .

«Por parte de la Unidad policial encargada del seguimiento y escucha de las llamadas, en sus informes, se ha aquilatado con corrección y profesionalidad la información suministrada y transcrita, en el sentido de llevar a cabo la transcripción de las partes de las conversaciones con interés para la causa , dando una explicación breve y contextual de otros temas hablados en aquéllas carentes de interés y en muchos casos afectantes a la intimidad de la investigada, por tratarse de temas de salud, o concernientes al ámbito personal de su familia», explica el juez en su escrito.

Para el magistrado, existe riesgo de la difusión pública de las grabaciones porque «ya ha habido experiencia de que la reserva y la confidencialidad de las actuaciones procesales no se ha mantenido». Por tanto, opta por no dar traslado de copia íntegra de las conversaciones (con 46 minutos de duración), sino de permitir únicamente su escucha.