Joan Ribó empieza a suspender a los asesores del PP investigados

Las consecuencias políticas para el PP del Ayuntamiento de Valencia tendrán que esperar, pero el caso de los asesores será diferente. El alcalde de la ciudad, Joan Ribó, ya amenazaba hace dos días con destituir a aquellos que salieran de los juzgados en calidad de investigados tras declarar por la operación Taula -derivada del caso Imelsa-, causa que investiga el presunto blanqueo de capitales en el grupo municipal popular. Y hoy se da el primer caso.

La Junta de Gobierno ha acordado suspender de empleo y sueldo a Luis Salom, el asesor del PP que acudió ante el juez el pasado miércoles , al igual que el concejal Alfonso Novo. La respuesta de los populares fue que considera «precipitado, injusto y arbitrario» este anuncio porque «no respeta la presunción de inocencia ni los tiempos judiciales».

El mensaje de Ribó, sin embargo, fue claro: en el Consistorio «no pueden continuar personas investigadas que una vez han pasado ante el juez sigan en esa situación», lo que indica que las destituciones de los asesores continuarán conforme vayan declarando . La situación de los funcionarios, matizó, es diferente, puesto que el procedimiento requiere de un expediente. El alcalde de Valencia también pidió la dimisión de los concejales del PP que salgan de declarar ante el juez en condición de investigados y apuntó a la presidenta regional de los populares, Isabel Bonig, para que les requiriera a dejar el acta.

La postura oficial del partido es esperar al menos hasta el día 18 , cuando ya hayan pasado todos por los juzgados (por ahora ni siquiera han sido suspendidos de militancia). Aun así, la tensión es evidente después de que Bonig les transmitiera el lunes la difícil situación a la que se enfrentan.

Los nueve concejales -de los diez del grupo- que están siendo investigados por donar presuntamente mil euros para la última campaña electoral y recibir después esa cantidad en billetes de 500 no van a renunciar al acta tan fácilmente , según ha podido saber ABC, ya que dan por hecho que seguirán en la misma condición. Su «línea roja» para hacerlo sería que se dictara un auto de imputación, y también piden que se levante el secreto de sumario , puesto que niegan haber recibido la devolución. Descartan así una dimisión en bloque y la decisión se tomará de forma individual, ya que el partido no podría echarles. En ese caso pasarían a ser no adscritos .

Mientras, el círculo se estrecha sobre la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá . A las dos testigos que consideran que debía de tener constancia de estas prácticas se unió ayer el que fuera su vicealcalde, Alfonso Grau -imputado en Nóos-, quien la acusó en una entrevista en Onda Cero de conocer las irregularidades .