Tribunales
La jefa de servicio de Infancia descarga sobre una técnico los errores en la gestión de los abusos del ex de Mónica Oltra
Un correo electrónico aportado por la investigada contradice la versión de los altos cargos que desmintieron a la vicepresidenta de la Generalitat
Un alto cargo desmiente a Mónica Oltra y niega ante el juez que le ordenara investigar los abusos de su exmarido
Las declaraciones judiciales de otros dos de los trece investigados por la gestión que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas hizo de los abusos a una menor tutelada por parte de un educador, entonces marido de su máxima responsable Mónica Oltra , siguieron este jueves la tónica emprendida en la jornada anterior : la consellera no dio la orden de abrir una investigación sobre lo ocurrido, no sabían que el asunto estaba ya en los tribunales y nadie conocía el parestesco del agresor con la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana.
Sin embargo, un correo electrónico aportado por una de las comprecientes, la jefa de servicio de Infancia, Adolescencia e Igualdad, Amparo Nogués, contradice la primera de estas afirmaciones. A preguntas del titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Nogués dijo desconocer de dónde salió la orden de abrir un expediente -que el juez ha tildado de «investigación paralela» a la judicial- y aseguró que nunca habló del asunto con Oltra.
Siguiendo con el relato que la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, y la subdirectora del rango, Gemma Plaza, habían hecho el miércoles, Nogués explicó que recibió comunicación de los abusos por parte de su jefe de sección y que comentó el asunto con Molero, que mandó abrir un expediente por su cuenta. Molero y Plaza desmintieron a Oltra y negaron que la dirigente de Compromís les pidiera que abriesen una investigación para esclarecer lo ocurrido, tal y como la portavoz del Gobierno autonómico ha reiterado.
No obstante, en un mensaje del 10 de agosto dirigido a Nogués, Plaza hace alusión a la «denuncia al educador» -pese a que aseguró que solo conocía los abusos en ese momento, no ningún proceso abierto- y apuntala la versión de la consellera, que ha incidido constantemente en que conoció los hechos el 4 de agosto tras llegar la notificación judicial de la orden de alejamiento del agresor sobre la víctima a su casa.
En ese correo, Plaza ordena dar traslado inmediatamente a la Fiscalía de todas las peticiones que había hecho el Ministerio Público desde el 6 de julio y le informa de la apertura -firmada el 8 de agosto- del polémico informe confidencial que buscó constatar «la veracidad de los hechos». A raíz de esta comunicación, el 14 de agosto Igualdad contestó los requerimientos del fiscal. Dos días después, la víctima fue trasladada de centro.
Requerimientos de Fiscalía
Fuentes presentes en la sala durante la declaración explican a ABC que Nogués trasladó toda la responsabilidad a una técnico de la Sección del Menor adscrita a su servicio -que declarará como investigada la semana que viene-, pues era la responsable de gestionar los expedientes del centro concertado Niño Jesús sde Valencia , en el que ocurrieron los abusos entre 2016 y 2017.
Según la jefa de servicio de Infancia, la técnico no le informó de los pasos que había dado en febrero de 2017, cuando la menor de 15 años denunció los hechos y las responsables del centro no la creyeron. Además, la responsabilizó de no haber cumplido con su labor al no gestionar la orden de la Fiscalía para que se trasladara a la menor a otra residencia. Durante todo ese periodo, ella estaba de vacaciones.
Sobre la conocida como «Información Reservada 1/2017», el secretario territorial, Jesús Esquiu, que también declaró este jueves como investigado ante el juez, apuntó que no conoció nada de este asunto hasta el 21 de agosto, cuando se abrió oficialmente ese expediente. Él fue, precisamente, el encargado de custodiarlo y confirmó que sí que se remitió a la Fiscalía. Sin embargo, otro servicio de la Conselleria se lo reclamó para dar respuesta a preguntas formuladas los grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas y nadie se lo devolvió, segun su versión.
Por razones que todavía se desconocen, ese informe no se incluyó en el proceso judicial que condenó a Luís Ramírez Icardi a cinco años de prisión, motivo por el que se tuvo que repetir el juicio parcialmente . Respecto a los requerimientos de la Fiscalía, Esquiu indicó al magistrado que él se limitó a trasmitir las comunicaciones a sus superiores.
La causa tiene su origen en sendas denuncia interpuestas por el abogado de la víctima y líder de España 2000, José Luis Roberto, y la asociación Gobiérna- Te, impulsada por la confundadora de Vox Cristina Seguí, contra miembros de la Conselleria de Igualdad por la supuesta falta de protección de la menor a la que aludió la sentencia contra Icardi de la Audiencia de Valencia. Además, la formación de Santiago Abascal también ejerce la acusación popular. Eso ha llevado a Oltra a calificar el caso como «una cacería de la extrema derecha» .
En los últimos días, el magistrado Vicente Ros ha rechazado por «prematuras» las peticiones de sobreseimiento formuladas por dos de las investigadas, cuando la causa todavía está en fase de instrucción, y ha criticado el «exceso defensivo» de las mismas.
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