Política

La izquierda valenciana vuelve a rechazar que se investiguen las ayudas que recibió el hermano de Ximo Puig

Tras un debate marcado por las acusaciones cruzadas de corrupción, la propuesta del PP no saldrá adelante pese al apoyo de Ciudadanos y Vox

Imagen del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el acto institucional por el Día de las Cortes Valencianas EP
Toni Jiménez

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Los partidos que conforman el Gobierno valenciano -PSPV, Compromís y Unidas Podemos- han rechazado de nuevo este miércoles crear una comisión para investigar las subvenciones otorgadas por la Generalitat a empresas para promocionar el valenciano , en medio de un clima de tensión que ya es una constante en las Cortes Valencianas.

Una propuesta con la que el PP ha intentado por segunda vez -la primera, el pasado mes de marzo y con otra denominación- llevar al parlamento autonómico las presuntas irregularidades cometidas en la obtención de ayudas públicas por parte de las productoras gestionadas por el hermano del presidente autonómico, Ximo Puig , que no ha estado presente durante el debate.

Pese a que la votación se celebrará mañana jueves, las formaciones de izquierda que sustentan el Botànic se han mostrado en contra de esa comisión de investigación frente a los alegatos a favor de la oposición.

La portavoz adjunta del PP, Eva Ortiz , ha llamado a sacar adelante esta propuesta «si no tienen nada que ocultar», al tiempo que ha señalado que tanto la Audiencia Provincial, como la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción o la Agencia Tributaria «investigan la trama de los hermanos Puig». Todos menos Les Corts y la Abogacía de la Generalitat, ha añadido, que «no se ha personado para exigir responsabilidades penales ni civiles» en ninguna de las causas.

Ortiz ha apuntado al conseller de Educación, Vicent Marzà, como «el único que hasta el momento ha tenido una mínima voluntad de investigar» este asunto, pues fue Marzà quien solicitó que se revisaran las justificaciones de ayudas que han terminado con el procesamiento del director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano. Trenzano se enfrentará en septiembre a un juicio por un presunto delito de falsedad en documento público . La única acusación en este proceso -la Fiscalía pidió el archivo- es el PP, que reclama seis años de prisión.

Imagen del Pleno de las Cortes Valencianas celebrado este miércoles EFE

El alto cargo de Compromís afirmó en abril de 2018, en un escrito oficial -así califica el juez a una respuesta parlamentaria- dirigido a los populares, que se había hecho el control correspondiente a las subvenciones concedidas a Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions -productoras administradas por Francis Puig y los hermanos Adell Bover-, en 2015 y 2016, por valor de 56.825 y 23.234 euros, y no había evidencias de irregularidades. Pero el plan de control de las subvenciones no se aprobó hasta dos meses después.

En paralelo, el Juzgado de instrucción número 4 de Valencia sigue investigando el supuesto fraude en la obtención de ayudas públicas entre 2015 y 2018 de estas compañías, que supuestamente utilizaron audiencias falsas y las mismas facturas y nóminas para justificar diferentes subvenciones en la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón.

Ortiz ha cifrado en más de 2,3 millones de euros la cuantía que la familia del jefe del Consell y sus socios han obtenido «ilegalmente» con sus «negocios turbios» desde que los socialistas llegaron al poder en 2015, «más del 50% por ayudas para el fomento del valenciano».

Los populares quieren saber « por qué el dinero para promover el valenciano se iba a ir a cantantes guineanos , por qué hay personas que se iban de ruta por las consellerias cazando subvenciones, por qué hay proveedores que se iban a forrar con la llegada del señor Puig -al poder- y por qué hay testigos que piden protección por denunciar las prácticas de los hermanos del presidente».

De Enric Valor y Canal 9 a «Ximo Corleone»

En su réplica, la diputada del PSPV-PSOE Ana Besalduch ha lamentado que Ortiz no tuviera el «tino» para detectar la corrupción de su partido y que se haya convertido en la «portavoz de la ultramentira» . «Hay que tener estómago para hacer lo que está haciendo», ha agregado aludiendo a la «conciencia» de Ortiz.

Besalduch ha afirmado que entre las filas populares -«intervenidas por Génova»- se sienten «abochornados» por la actuación de su portavoz adjunta, a lo que Eva Ortiz ha respondido que los socialistas no están para «cantos de sirena» porque primero tienen que resolver sus «miserias».

Por otro lado, la diputada de Compromís Nathalie Torres ha puesto el foco en que las ayudas en cuestión las crearon los populares como «enmienda» porque «se habían cargado» Canal 9 , la antigua televisión pública autonómica, que «primero prostituyeron» y luego «reventaron». Torres ha defendido que Mas Mut y Comunicació dels Ports ya recibían subvenciones con el PP en el poder y que «ninguna sentencia acredita un uso irresponsable de dinero público».

En la misma línea, el diputado de Unidas Podemos Ferran Martínez ha acusado al PP de «hacer ruido con algo que no tiene recorrido judicial» y de «reavivar la guerra de símbolos en su obsesión con estigmatizar el valenciano».

Estas dos últimas intervenciones han estado marcadas por las alusiones al escritor valenciano Enric Valor , tras la decisión del Gobierno de PP y Ciudadanos en la localidad alicantina de Mutxamel de retirar el nombre de la avenida que el literato tenía en el municipio.

Por parte de la oposición, que ha apoyado la propuesta, Llanos Masó, que ha fijado la posición de Vox , ha asegurado que este tipo de ayudas «fuerzan a las empresas a utilizar el valenciano catalanizado» y ha llamado a indagar qué ocurre con «las empresas del cártel», como las calificó Competencia, que multó a las productoras de Francis Puig y los Adell Bover con 43.000 euros por pactar precios para repartirse un contrato para prestar servicios audiovisuales a À Punt en la provincia de Castellón por valor de 646.000 euros.

Además, el diputado de Ciudadanos Vicente Fernández se ha referido al presidente de la Generalitat como «el hermanísimo» y «Ximo Corleone» y, señalando a la bancada del Ejecutivo, ha definido al Botànic como «el peor Gobierno de la historia» , cuyos miembros están «salpicados de corrupción».

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