Política
La izquierda valenciana impone el requisito lingüístico a los funcionarios
El parlamento autonómico aprueba este miércoles la nueva Ley de Función Pública que deja en manos de un futuro reglamento el nivel del idioma que se exigirá a los empleados públicos por las disputas entre los socios de la Generalitat
La nueva Ley de Función Pública que convertirá el valenciano en requisito para acceder a la Administración llega este miércoles a las Cortes Valencianas. El texto, que se aprobará con los votos a favor de los grupos del Botànic -PSPV, Compromís y Unidas Podemos-, llega al debate parlamentario tras años de disputa y división en el tripartito que lo han mantenido guardado en un cajón.
A partir de ahora, quienes quieran trabajar para la Generalitat deberán «acreditar la competencia lingüística en los conocimientos de valenciano », que hasta ahora solo figuraba como un mérito más. Así ocurre ya en otras comunidades con lenguas cooficiales como País Vasco, Galicia, Cataluña o Baleares.
El documento garantiza que se respetará «el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes», pero deja este punto en manos de un reglamento que el Consell tendrá que aprobar «en el plazo de un año desde la entrada en vigor» de la ley.
Es decir, los socios de Gobierno se dan un año de margen para seguir debatiendo qué conocimiento del valenciano exigen a cada grupo de empleados públicos.
Compromís, que tiene las competencias en materia de política lingüística y cuya conselleria deberá emitir un «informe favorable» al respecto, es partidario de extender esta obligación a todo el personal público sin excepciones , pero los socialistas quisieron incluir una enmienda para eximir a los sanitarios de este requisito en caso de que hubiera necesidad de cubrir plazas. Finalmente, y para que la sangre no llegara al río, se decidió aplazar esa decisión y aprobar la ley sin especificar la letra pequeña.
Los grupos de la oposición -PP, Ciudadanos y Vox- se han mostrado muy críticos con la tramitación de este documento que viene a reemplazar al aprobado en 2010. Los populares -que acumularon 209 de las 379 enmiendas presentadas- aseguran que derogaran la norma si llegan al poder porque no puede compararse, dicen, a la Comunidad Valenciana con otras autonomías, ya que la cuarta parte de los municipios son castellanoparlantes . Por su parte, la formación naranja también cree que la ley nace muerta porque tendrá que modificarse cuando la Generalitat lance su decreto de teletrabajo.
«No va a solucionar los problemas estructurales»
La nueva norma también ha generado malestar entre los sindicatos, no solo por el requisito del valenciano, sino porque «se queda corta» a la hora de satisfacer las necesidades que la pandemia ha traído consigo. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) protestó a las puertas de Les Corts para mostrar su disconformidad con « una ley que nace sin consenso y pisotea los derechos de los empleados públicos de la Generalitat».
La presidenta de CSIF en la Comunidad Valenciana, Alicia Torres, considera que debería mantenerse la legislación actual que contempla el valenciano como «un mérito que se valora con una puntuación elevada» pero que no supone «ningún obstáculo de entrada» ni «genera confrontación» , puesto que no es «una cuestión controvertida» en la región. «Es un tema más político que de mejorar el servicio público», explica a ABC.
Torres señala, además, que esta normativa se ha olvidado del teletrabajo , con una «pequeña referencia» incluida en la fase de enmiendas que los sindicatos no han podido rebatir. La presidenta sindical apunta que el texto que se aprobará este miércoles sigue apostando por la libre designación que, a su juicio, «tendría que quedar reducida a la mínima expresión» y recurrir al concurso público para cubrir las jefaturas y garantizar la igualdad de oportunidades.
Además, con la obligación de realizar exámenes para acceder a las bolsas de trabajo, Torres añade que «se va a despreciar mucho capital humano con experiencia» , cuando ya había una orden reguladora que contaba con el consenso de todos los sindicatos. «Si algo funciona bien, no entendemos porqué había que cambiarlo para generar polémica», asevera.
«Esta nueva regulación no va a ayudar a solucionar los principales problemas estructurales de la Administración valenciana: plantillas escasas, envejecidas y temporales », comenta Alicia Torres. Desde CSIF insiste en que «las bolsas de personal están vacías y les estamos exigiendo requisitos que no van a poder cumplir» a las puertas de tramitar los fondos europeos para la reconstrucción. «¿Quién los va a gestionar?», se pregunta.
