Política
La Ley de Incompatibilidades y la de revocación de senadores salen adelante pese al recelo del PSPV
Los socialistas critican que la norma que afecta a los altos cargos impide el acceso a la Administración «a gente valiosa»
Manolo Mata vierte críticas contra sus socios: «Apoyamos la ley por lealtad, pero que nadie cuente con nosotros para revocar a ningún senador»
Dos leyes aprobadas pero ambas con duros reproches del PSPV . Las Cortes Valencianas daban ayer luz verde a la norma de incompatibilidades de altos cargos y a la que permite revocar la designación de senadores territoriales. Todo ello en un pleno con contratiempos, parones y algunas votaciones complicadas de entender debido a las enmiendas de última hora.
En el caso de la primera, el enredo que la ha acompañado durante toda la negociación entre Compromís (con su impulsora, Isaura Navarro, a la cabeza), PSPV y Podemos también estuvo presente durante su debate. De hecho, el desacuerdo entre los socios del Consell había provocado que se retirara en el último momento de una sesión anterior .
La causa fundamental era el estricto régimen de incompatibilidades, que ya se intentó rebajar por parte de los socialistas al entender que la ley impide el acceso a la Administración «de gente valiosa» , tal como expuso ayer la diputada Clara Tirado. «La inciativa puede ser polémica por el grado de responsabilidad que otorga al cargo público y por las consecuencias sobre su futuro laboral», indicó, aunque en su opinión es «necesaria y oportuna para dar repuesta a las inquietudes de la ciudadanía».
Régimen de incompatibilidades
Durante el debate en comisión ya se introdujeron algunas modificaciones que ayer en el pleno se acabaron de materializar con la aprobación de 22 enmiendas. En ellas se incluía el punto que más descontento ha generado entre los propios cargos del Gobierno autonómico: el período de tiempo en el que no podrán ofrecer sus servicios ni ejercer cualquier otro papel mediador o formar parte de órganos colegiados en empresas o sociedades privadas relacionadas con las competencias del cargo ocupado.
Finalmente, éste se ha rebajado de cinco a tres años para consellers y secretarios autonómicos, mientras que para el resto de afectados el plazo pasa de cinco a dos años . Concretamente, se aplicará a: personal directivo del sector público instrumental (es decir, direcciones generales en organismos autónomos o entidades de derecho público, consejeros delegados de mercantiles de la Generalitat, directores y gerentes de fundaciones o cargos directivos y ejecutivos en los consorcios), aquellos que ocupen puestos de libre designación nombrados por el Consell, personas nombradas comisionadas de cualquier departamento, personas que hayan suscrito un contrato laboral de alta dirección y los titulares de cualquier otro puesto establecido por el Consell.
También se ha rebajado la obligación de los altos cargos de inhibirse y la limitación para suscribir contratos con empresas participadas por familiares del cuatro al tercer grado de consanguinidad y del tercero al segundo de afinidad, directa o indirectamente.
Según esta ley, el ejercicio de un alto cargo debe desarrollarse en el régimen de dedicación «absoluta y exclusiva», por lo que es incompatible con cualquier otro cargo o profesión retribuidos. De aquí queda excluida la docencia y puestos similares , siempre que la retribución que reciba no supere el 30 por ciento del salario que percibe como alto cargo. No obstante, podrán compatibilizar su función con la de parlamentarios, pero no podrán percibir retribución por cualquier otro concepto que pudiera corresponderle por su dedicación de diputado.
La norma crea también el Registro de Control de Conflictos de Intereses, adscrito la Conselleria de Transparencia, que será de acceso público e incluirá datos sobre actividades, bienes y patrimonio de las personas que ejerzan un cargo público y estén afectadas por esta ley.
El PP votó en contra por considerar que se trata de «un fracaso» ya que, según el diputado Alfredo Castelló, «ni cierra las puertas giratorias ni resolverá aquellas cuestiones que se quieren atajar».
Senadores
Otro debate similar se iniciaba un rato después con la norma que permitía la revocación de senadores territoriales. La modificación, a iniciativa de Podemos, establece que el procedimiento deberá ser propuesto por un mínimo de dos grupos parlamentarios que representen al menos una décima parte de Las Cortes, y ser aprobada por dos tercios de la Cámara , sin oposición del grupo que propuso al senador.
Durante el pleno se suscribió una enmienda de Compromís que planteaba la derogación del artículo que establece la obligación de que los candidatos a senador comparezcan previamente ante la comisión que la Mesa de Las Cortes.
El portavoz de la formación morada, Antonio Montiel, defendió que la ley tiene «cobertura constitucional» y «título competencial propio en el Estatuto de Autonomía», pues si la Comunidad puede legislar sobre el sistema de elección de senadores «puede también legislar sobre su cese o revocación». En este sentido, señaló que se trata de personas que representan al conjunto de los valencianos y que son elegidas por del Parlamento autonómico, por lo que, a su juicio, hay «una relación directa de confianza y sometimiento a la Cámara» y «quien puede elegir puede también revocar».
Pero llegó el turno del portavoz socialista, Manuel Mata, con unos duros ataques y una advertencia: aprobarían la ley sólo por la lealtad al acuerdo político que tienen con Podemos y Compromís, pero «que nadie cuente con el PSPV para abrir el proceso para revocar a ningún senador designado por Las Cortes».
Mata recordó a Montiel que «no está en una manifestación», sino «haciendo leyes», y se opuso a que se pueda iniciar «un procedimiento para llevar a la innobleza de una persona por motivos espurios», como son «la pérdida de confianza, la dignidad de las instituciones o su trabajo en el Senado».
Tras recordar que el mecanismo de revocación «en la práctica es imposible» , apuntó que los senadores «tienen la soberanía popular sobre sus hombros»: «Aunque creo que Rita Barberá no merece estar en un cargo público, es el pueblo el que deberá decidirlo, no un tribunal por muy de diputados que sea».
Estos argumentos provocaron una situación que suele ser insólita en la Cámara. En su intervención, el PP suscribió con énfasis todas las palabras de los socialistas.
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