Economía
La huerta de Europa se rebela contra las restricciones ambientales
Los regantes denuncian la demonización de la agricultura tras la aprobación del decreto del Mar Menor
Desde la autovía hacia la costa, «el año que viene ya no se cultiva, tendrán que ver si plantan árboles u otra cosa». El comentario desolado de un encargado de cuadrillas que recolectan lechugas en Los Nietos ( Campo de Cartagena ) resume el sentir de quienes viven de estos fértiles campos. Al trabajar en fincas de otros, en estas empresas ya se hacen a la idea de que «habrá que buscar las tierras en otro sitio, para que luego digan que toda Europa come de aquí».
¿La razón? El decreto ley con medidas para la preservación y recuperación del Mar Menor , que ha sido acogido con pesimismo entre los regantes de las zonas más próximas por las restricciones que establece a su actividad. No les convence la insistencia del Gobierno de la Región de Murcia en que apostarán por hacer compatible la agricultura con la conservación de la laguna y que este modelo económico menos agresivo que el industrial podría aspirar a ayudas europeas, por sus fundamentos de la « economía azul ».
Prohibido abonar a 500 metros de la laguna o transformar secano en regadío (también nuevos secanos), dos ciclos de cultivos de hortalizas, gestión de los residuos plásticos y un 5% de la superficie de cada parcela reservado para retener nitratos son algunas de las medidas de choque, con sanciones de entre 2.000 y 500.000 euros para los infractores.
«Nos están demonizando y para otros sectores hay artículos en el decreto vacíos de contenido, los despachan rápido, una vez más todo gira en torno a la agricultura», opina Manuel Martínez , presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena ( CRCC ). Como ejemplos, señala que mientras para cualquier invernadero ya se exige contar con una red de canalización de aguas pluviales, eso mismo solo se plantea en los «nuevos desarrollos urbanísticos» o que hay parcelas situadas a seis kilómetros, «una distancia tremenda», que con la nueva normativa se tienen que dejar de cultivar. En cambio, reconoce que la franja de 500 metros en el litoral en la que no se pueden usar fertilizantes ni abonos no les afecta.
No obstante, el catedrático de Ecología de la Universidad de Murcia y portavoz del comité científico del Mar Menor, Ángel Pérez Ruzafa , lanza un mensaje más en positivo porque «es una suerte tener al sector primario junto a la laguna, que no entraña el impacto para el suelo de la actividad industrial» y que encaja perfectamente con el concepto de «economía azul» que gusta en la Unión Europea, basado en que los mares y océanos representan el motor para el desarrollo, la innovación y el crecimiento.
Además, se trata de «una de las pocas lagunas con aguas transparentes » gracias a sus características de «sistema complejo» como ecosistema marino. Con toda probabilidad, se pueden conseguir ayudas económicas en Bruselas para llevar adelante este plan ambicioso de regeneración, según este biólogo que preside la Academia de las Ciencias de la Región de Murcia.
A esta financiación casi segura, habría que sumar esfuerzos de varias administraciones. Los ayuntamientos deben separar aguas pluviales de urbanas , para evitar que cuando llueve torrencialmente como ocurrió el pasado septiembre, durante el episodio de la DANA , ese caudal excesivo acabe en el Mar Menor y arrastre nitratos . También harán falta infraestructuras asumidas por la Región de Murcia y por la Confederación Hidrográfica del Segura y el Ministerio de Transición Ecológica del que depende, para rebajar el nivel freático mediante la extracción de aguas y su limpieza, así como el control de la salinidad.
«Y siempre que los partidos no se pasen la pelota unos a otros y hagan política de verdad, porque este tema debe estar al margen y en bien de todos», subraya Pérez Ruzafa.
«Bolseros» de basura
Mientras se implantan estos planes más ambiciosos a largo plazo, en el Campo de Cartagena hace tiempo que muchos se esfuerzan por el medio ambiente en las inmediaciones de este rincón de la costa de tanto valor ecológico. «No dejamos la basura porque el viento o los perros la pueden esparcir, por lo que siempre tenemos bolseros que solo están recogiendo y limpiando», explica el encargado de la empresa que trabaja en Los Nietos.
«Acatamos las normas, pero hay otros que no lo hacen y el problema no es solo de la agricultura, ¿y la construcción?, ¿qué pasa con 150.000 viviendas en verano tirando de las cisternas del baño?», compara. De hecho, asegura que algunos aparceros le han contado que los ayuntamientos han empezado a impartir cursos de formación para otros oficios, en previsión de una reconversión parcial del sector. Esta hipótesis más drástica de emigrar a otras zonas de cultivo alejadas del Mar Menor tiene sus limitaciones. «El propietario no se puede ir, porque hizo una inversión y pagó por tierras de regadío, con lo que ahora podría hacer una reclamación patrimonial », advierte Manuel Martínez, de la comunidad de regantes CRCC, recordando que este territorio fue declarado para estos usos de agricultura productiva gracias al aprovechamiento del agua.
«Tenemos miedo porque se están generando falsas expectativas de hoy para mañana y más adelante eso se va a poner en nuestra contra al no ver resultados y volver a decir que no cumplimos la ley», se lamenta el representante agrario, para quien algunas de las restricciones referidas a las cosechas de melones y otros cultivos «no tienen sentido» porque nunca se han trabajado con esa frecuencia. Además, asegura que el nivel de nutrientes en el acuífero se ha rebajado a la mitad en los últimos ocho o diez años.
En la redacción del decreto se han tenido en cuenta aportaciones de 56 asociaciones y entidades de las actividades agrícola, ganadera, pesquera, turística, cultural y de ocio, puertos y navegación y minería, según el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo .
Las medidas de preservación del entorno natural llegan a más aspectos que la posible contaminación del suelo y abarcan también la gestión de residuos plásticos y la recogida de agua en invernaderos con cubiertas plásticas. Se obliga a destinar un 5% de la parcela a sistemas de retención de nutrientes.
En definitiva, el equilibrio entre los controles en el campo y la productividad económica representa un reto alcanzable, a ojos del catedrático de Ecología Ángel Pérez Ruzafa, quien ha estado al corriente del proceso de preparación del decreto ley tras 69 reuniones con asociaciones sectoriales concernidas. «Se regulan las condiciones también del urbanismo, la pesca , los amarres de barcos y la actividad turística , no solo la agricultura; además, hace falta cierta flexibilidad y realizar un seguimiento de su aplicación para tal vez prestar menos atención a ciertos aspectos o endurecer otros», tranquiliza este experto de la Universidad de Murcia. Una idea sí parece asentada en la conciencia de todos cuando se pregunta a cualquiera en el Campo de Cartagena: el Mar Menor tiene que regenerarse y seguir siendo un valor de esta tierra.
