Covid-19
Los hosteleros valencianos exigen en los tribunales la suspensión cautelar del cierre del sector
SOS Hostelería considera que las directrices y excepciones del decreto autonómico que mantiene los bares clausurados se basan en criterios «arbitrarios»
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Los hosteleros de la Comunidad Valenciana no aguantan más. SOS Hostelería ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el cierre de bares y restaurantes decretado por la Generalitat hasta el 15 de febrero ante el agravamiento de la tercera ola del coronavirus.
El colectivo pone el foco en un apartado en concreto de la resolución de la Conselleria de Sanidad por la que se obligó a bajar la persiana a todo el sector: el de las excepciones. El departamento que dirige Ana Barceló permite seguir ejerciendo su actividad a los servicios de hostelería de los alojamientos turísticos y a las empresas, aunque solo para sus clientes y trabajadores.
La demanda presentada por SOS Hostelería considera que esta norma se ha redactado con un «criterio discriminatorio y arbitrario» . «¿Acaso el hospedarse en un hotel hace que el virus deje de ser contagioso?», se preguntan los letrados de la plataforma. No entienden que «comer en un local cerrado ubicado en el centro de trabajo implique un menor riesgo de contagio que comer, por ejemplo, en una terraza de un establecimiento de hostelería situada al aire libre».
Por ello, los propietarios de los 35.000 bares, restaurantes y cafeterías cerrados en la Comunidad Valenciana estiman que si la Administración ha considerado que dichas excepciones son compatibles con la lucha contra la pandemia , mantener abiertos el resto de locales de hostelería con las medidas de higiene y distanciamiento que ya se estaban llevando a cabo por el sector, también sería compatible.
El presidente de SOS Hostelería, Fidel Molina, cree que Barceló no ha explicado los motivos «lógicos y objetivos» que justifican el cierre de unas actividades económicas frente a otras -como las grandes superfícies- que tampoco son esenciales y siguen abiertas . Teniendo en cuenta, comentan, que la mayoría de contagios se producen en el ámbito privado.
«De no concederse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse graves y perjudiciales consecuencias para los administrados», asegura Molina, ya que la disposición impugnada «afecta directamente no solo a derechos fundamentales de los afectados, sino también a intereses públicos especialmente intensos , afectando de forma terrible a los principios de libertad de empresa, igualdad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos».
El escrito presentado en los tribunales señala, asimismo, que «se está condenando a una cantidad ingente de pequeños y medianos empresarios de la hostelería y la restauración al cierre definitivo de sus negocios, ante la imposibilidad de recuperar las pérdidas que ya se estaban generando como consecuencia de la actual coyuntura y a su vez ante la falta de un sistema público ágil, objetivo y proporcional de indemnizaciones , ayudas y compensaciones para hacer frente a dicho cierre forzoso de la actividad como así ocurre en otros países de nuestro entorno más cercano como Alemania, Francia, Reino Unido o Italia, entre otros».
