Tribunales
El hermano de Ximo Puig culpa a la Generalitat ante el juez de los posibles errores en las subvenciones que recibió
El abogado de Francis Puig defiende el uso de facturas duplicadas para justificar ayudas en dos comunidades y cuestiona el informe de la Guardia Civil que apuntaba hasta cuatro tipos de irregularidades
Francis Puig , hermano del presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig ha declarado como imputado este lunes ante el juez que investiga la supuesta falsedad documental y el presunto fraude en la concesión de subvenciones a las productoras que administra, por parte de los gobiernos valenciano, catalán y aragonés, entre 2015 y 2018.
En una «extensa» comparecencia que se ha prolongado durante cuatro horas en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, Puig se ha centrado en intentar desmontar el informe de la Unidad de Delitos Económicos de la Guardia Civil –un documento de 400 páginas lleno de «numerosos errores», a juicio de su abogado- que revelaba cuatro tipos de irregularidades en la justificación de las ayudas públicas concedidas.
Fuentes jurídicas presentes durante la declaración han señalado a ABC que Puig ha responsabilizado al Gobierno que lidera su hermano de no haberle informado de las posibles incorrecciones en los documentos presentados. También ha incidido en que nunca se les requirió que devolvieran ningún importe.
Del mismo modo, ha reconocido que una de las dos productoras -Mas Mut- recibía subvenciones de la Generalitat Valenciana pese a que su actividad se realizaba en gran parte en Aragón, así como que se utilizaron facturas de materiales de radio y vídeo para justificar una partida destinada a prensa escrita.
El letrado de Puig, Javier Falomir, ha lamentado, a su entrada a la Ciudad de la Justicia, el «daño» infringido a su cliente y a la familia de éste y se ha mostrado «muy contento» a la salida. Falomir ha explicado que la fiscal ha utilizado el informe de la Policía Judicial como «guion» para repasar una por una las subvenciones recibidas por Comunicacions dels Ports y Mas Mut Produccions. Por su parte, se han comprometido a aportar «en breve» toda la documentación necesaria para solventar las dudas de la portavoz del Ministerio Público y «cerrar cuanto antes» este «desafortunado» procedimiento.
El juzgado está a la espera de que la Intervención de la Generalitat Valenciana y la Generalitat de Catalunya remitan sus respectivas auditorías sobre el dinero público otorgado. Al respecto, el letrado de Puig no cree que haya «sorpresas» y solicitarán el sobreseimiento.
El investigado no ha contestado a las preguntas del abogado del PP , que ejerce la acusación particular en esta causa abierta desde 2019 tras una denuncia del partido, un largo proceso que Falomir ha achacado a la carga de trabajo de la Guardia Civil.
También figuran como imputados el director de Política Lingüística de la Generalitat Valenciana, Rubén Trenzano, y el administrador de Canal Maestrat, Enrique Adell Bover, que comparecerá ante el juez el miércoles. A él se le investiga también por un supuesto falseamiento de nóminas para obtener subvenciones a través de otra productora denominada Kriol Producciones.
En total, la Policía Judicial cifró en 1.209.744,14 euros el importe total de las subvenciones que recibieron las mercantiles investigadas entre 2015 y 2018, del Gobierno valenciano (755,641,72), catalán (414.774,42) y aragonés (39.328) en distintas convocatorias, como el fomento de la lengua propia o el empleo joven.
Vía penal o administrativa
La principal cuestión a dirimir es si el dinero presuntamente defraudado supera el máximo de 120.000 euros para que el proceso se siga por la vía penal o se resuelva, en caso de que se demostrara el ilícito, con una sanción administrativa. Es algo que, para Falomir, ya está descartado puesto que, «si sumamos las cantidades que la Guardia Civil ha puesto en duda» no se llega a esa cifra «en ningún caso». Por tanto, «no nos centramos ya en un fraude de subvenciones sino exclusivamente en si ha habido alguna falsedad con alguna factura».
En ese sentido, el abogado de Puig ha criticado que el informe de Delitos Económicos incorpora «cuestiones que podría haber comprobado mejor» y «deja caer una serie de perlas» que «a parte de que se las podía haber ahorrado, no tienen ningún tipo de valor». Se ha referido, en concreto, a la ayuda otorgada por el programa 'Avalem Joves' -vinculado a la contratación de jóvenes en paro- por la que el hijo del presidente autonómico y sobrino del investigado Pau Puig trabajó en Mas Mut. Algo sobre lo que los agentes no concluyen que «haya problemas con ello».
Precisamente, Javier Falomir ha asegurado que la Guardia Civil habla de «facturas duplicadas» para justificar los mismos gastos en la Comunidad Valenciana y en Cataluña porque «no conocen cómo funciona el sistema». En estos territorios, ha apuntado, las subvenciones se piden y se resuelven «de una manera completamente distinta, en algunos casos con las misma facturas». «¿Significa eso que estamos imputando el 100% del gastos en los dos? No, no tiene nada ver. Luego es la Administración la que decide qué nos subvenciona y qué no. Pero aquí lo importante es que Valencia, cuando resuelve la subvención, en nuestro caos y en el de todas las empresas que la solicitan, jamás cuando resuelve te dice qué gastos se han imputado», ha añadido.
«Si me conceden 33.000 euros, yo no sé si han ido a nóminas, a gastos corrientes, a trabajadores, a Seguridad Social... No lo explica. Por tanto, cuando tienes que solicitar las de Cataluña, lo aportas todo», ha ejemplificado, al tiempo que ha aclarado que no hay incompatibilidad en solicitar ambas ayudas. Respecto a que no se hayan acreditado algunos pagos , Falomir ha incidido en que se trata de trabajos realizados para otras empresas de comunicación que se «compensan» con el intercambio de contenidos.
«Si hay irregularidades, pediremos compensaciones»
Sobre este asunto, en una atención a medios, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig ha recalcado este lunes que la Generalitat no está «concernida» en la causa que afecta a su hermano.
Puig ha indicado que su Gobierno siempre acatará las decisiones judiciales y que cualquier mercantil debe tener «los mismos deberes y los mismos derechos»: «Es una empresa que deberá dar las explicaciones que tenga que dar, trabaje quien trabaje».
En ese sentido, el presidente autonómico ha hecho hincapié en que «si en un momento determinado se observan irregularidades, desde luego que la Generalitat pedirá las compensaciones o lo que corresponda».
