Política
El Gobierno desoye a Ximo Puig y recorta por Real Decreto el agua del trasvase Tajo-Segura
Los regantes y los empresarios alertan de pérdidas millonarios y un impacto del 2,8 por ciento del PIB nacional con las nueva normativa aprobada por el Ejecutivo
La huerta de Europa busca otras fuentes sin renunciar a trasvases del Tajo al Segura
El Gobierno ha consumado oficialmente, por la vía del Real Decreto, el anunciado recorte al trasvase del Tajo al Segura. El Ejecutivo de Pedro Sánchez asesta de esta forma un revés político de primera magnitud al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig , quien había catalogado la transferencia hídrica de «irrenunciable» y que ahora se ha limitado a anunciar la presentación de alegaciones a la nueva normativa aprobada por el Ministerio para la Transición Ecológica.
El cambio de reglas del trasvase, que lleva 42 años en funcionamiento, satisface por contra las demandas del presidente de Castilla-La Mancha y compañero de Ximo Puig en las filas del PSOE, Emiliano García-Page .
En concreto, el Real Decreto reduce el caudal máximo trasvasable de forma automática en situación de normalidad hidrológica. De esa forma recorta de 38 a 27 hectómetros cúbicos de agua por mes las transferencias al Segura desde la cabecera del Tajo. Un mínimo de 7,5 son para abastecimientos y el resto para regadíos.
El Gobierno esgrime que la decisión se atiene al dictamen científico-técnico del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) y cuenta con el aval de la Comisión Central de Explotación de Trasvase Tajo Segura y del Consejo Nacional del Agua .
Según el Ministerio que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera , la modificación de las normas del trasvase persigue «garantizar la estabilidad del sistema y evitar situaciones de trasvases cero a las cuencas receptoras».
Sin embargo, las organizaciones agrarias de la provincia de Alicante y los regantes de la cuenca del Segura alertan de las pérdidas millonarias que supondrá el recorte de un trasvase del que dependen más del cuarenta por ciento de las exportaciones hortofrutícolas españolas. En concreto, calculan que con la normativa aprobada este martes llegarán sesenta hectómetros cúbicos de agua menos al año al Segura.
Informe de las Cámaras de Comercio
Un informe de las Cámaras de Comercio de Alicante y Murcia asegura que el recorte en el trasvase arruinará el 2,8% del PIB y el 3,7% del empleo nacional . Los técnicos advierten de que no hay caudal suficiente de las desaladoras para sustituir el del Tajo y que el precio del agua subirá hasta el 130%, algo inasumible para la agricultura y la industria.
Los representantes del sector agrario y los usuarios del agua procedente del Tajo avisan de que tras el primer recorte aprobado por el Gobierno llegará el que propiciará el aumento de los caudales ecológicos hasta los 8,6 metros cúbicos por segundo (en lugar de los seis de ahora) en la cuenca cedente. Este cambio, que según los regantes alicantinos y murcianos, hará «inviable» el trasvase al Segura, está previsto que se consume en el año 2027.
Al respecto, el presidente de la Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), Lucas Jiménez , denunció la «muerte diferida» de estas transferencias hídricas a las provincias de Alicante y Murcia entre 2022 y 2027, al aplicar progresivamente un caudal ecológico en Aranjuez que llegará a los 8,52 metros cúbicos por segundo.
En números globales, el recorte va ser de casi la mitad del volumen trasvasable al año (el 40%), hasta un total de 94 de los 200 hectómetros cúbicos de agua.
Ante esta situación, el presidente de la Dipuación de Alicante, Carlos Mazón , ha anunciado acciones inmediatas, entre las que no se descarta la vía contenciosa administrativa, frente al Real Decreto que cambia la regla de explotación del trasvase Tajo-Segura.
El Real Decreto incluye también las nuevas tarifas para el aprovechamiento del acueducto Tajo Segura para "recuperar los costes anuales de explotación, funcionamiento y conservación, así como la recuperación de las amortizaciones de las inversiones realizadas por el Estado".
El cálculo se ha realizado de acuerdo con el procedimiento normalizado y reglado, y deben liquidarse anualmente a los usuarios del trasvase. Las hasta ahora vigentes fueron aprobadas por el Consejo de Ministros el 9 de junio de 2017 y entraron en vigor el 17 de junio de ese mismo año.
