Medio Ambiente
El Gobierno abre expedientes para sancionar a propietarios de cañones sónicos para deshacer tormentas
La Confederación Hidrográfica del Júcar propone la infracción como leve con una multa de hasta 10.000 euros
Cañones sónicos: cómo funcionan y cuáles son sus características
El Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ha propuesto dos expedientes de sanción contra el empleo de cañones sónicos para deshacer tormentas en Gavarda (Valencia) y San Rafael del Río (Castellón). Una práctica que solo puede autorizar o llevar a cabo el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, por la que sus propietarios se enfrentan a una multa pecuniaria de hasta 10.000 euros .
Así lo ha confirmado el Ejecutivo a petición del portavoz de Compromís en el Senado, Carlos Mulet, que el pasado 2 de noviembre denunció la «proliferación incontrolada» de estos instrumentos empleados para incidir en el ciclo natural de las tormentas mediante explosiones de gas acetileno y aire.
Una técnica popular entre los agricultores para evitar que las tormentas echen a perder sus cosechas, que consiste en la emisión de ondas de choque desplazadas a la velocidad del sonido que interfieren en la cristalización del granizo .
Según ha explicado la formación valenciana en un comunicado, la CHJ ha formulado una propuesta de incoación de sendos procedimientos sancionadores contra los titulares propietarios de los cañones sónicos o terrenos «tanto en Gavarda como en San Rafael del Rio, por presunta infracción del artículo 116.3, g) del texto refundido de la Ley de Aguas , aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001».
Al respecto, la respuesta parlamentaria indica que, dentro del ámbito competencial de la confederación, «cabría calificar la infracción como leve e imponer, en su caso, una sanción pecuniaria de hasta 10.000 euros», según el artículo 117.1 del texto refundido de la Ley de Aguas.
Para Mulet, «que se opte por la infracción más leve muestra la laxitud y condescendencia con la que las confederaciones afrontan las prácticas de particulares de saltarse las leyes a la torera en materia de aguas. «Es bien fácil que los propietarios de las fincas que han estado lanzando cañonazos a la atmósfera para modificar el régimen de lluvias en unas semanas de fuertes inundaciones y brutales granizadas en la zona, incluso se ahorren dinero con el seguro, ya que de ello presumen, y queden impunes con el pago de una multa que posiblemente recurrirán», ha matizado.
Según detalla el portavoz de Compromís en el Senado, «estas normativas de los años 70 deberían adaptarse mediante Decreto del Gobierno a la situación de emergencia climática que vivimos y endurecer los importes de las sanciones, pues empresas como las que están haciendo negocio plagando la península de cañones que estarían incumpliendo la ley, no deben quedar impunes».
Asimismo, reclama «sanciones ejemplares que disuadan de una vez de prácticas como la manipulación a la carta del ciclo del agua , ya que se trata del agua y el medio ambiente colectivos, de un bien protegido y de una práctica prohibida según el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Aguas».
La coalición lamenta que los distintos organismos de Cuenca o el Ministerio no dispongan en sus archivos de un «simple registro» de las instalaciones de esta clase dispersas por el territorio estatal y de las autorizaciones u otorgamientos de autorizaciones a los titulares de estas casetas o terrenos para modificar de forma artificial la fase atmosférica del ciclo del agua , «pasándose por el arco de triunfo el descanso de los vecinos o las posibles repercusiones sobre el medio ambiente. Gracias a la movilización vecinal han sido posibles estas sanciones. De ser por las confederaciones, no se hubiesen producido jamás», ha concluido.
