Coronavirus
La Generalitat Valenciana fuerza a cuatro burdeles al cierre definitivo con inspecciones
La Policía autonómica sanciona a 10 locales de alterne de los 143 que va a visitar comprobando su licencia fiscal y las normas Covid-19
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La Generalitat Valenciana ha forzado al cierre definitivo de cuatro clubes de alterne tras iniciar una campaña de inspecciones en los 143 locales donde se sospecha que se ejerce esta actividad, con una decena de sancionados ya, tras comprobar su licencia fiscal y si cumplen con las normas de seguridad por el coronavirus .
La Policía autonómica , en colaboración con la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía , se encarga de esta batida especial, pocos días después de que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, abriera el debate al mostrarse partidario de una nueva ley para acabar con la prostitución.
Por su parte, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo , ha explicado que las inspecciones se hacen al amparo tanto de la ley de espectáculos autonómica, que permite sancionar a los locales donde se ejerza una actividad diferente a la que contempla su licencia, como del decreto ley autonómico de régimen sancionador de medidas contra la Covid-19.
El dispositivo especial que se puso en marcha el pasado viernes ha permitido la inspección de 37 de estos locales (18 en la provincia de Valencia, 13 en la de Alicante y 6 en la de Castellón), y se ha propuesto sancionar a diez establecimientos.
No volverán a abrir
De esos diez, seis tenían licencia diferente a la actividad ejercida y cuatro incumplían las medidas contra la Covid-19, según fuentes de la Generalitat, que han precisado que cuatro locales de Valencia cerraron tras la inspección y sus responsables aseguraron que no volverían a abrir.
La consellera de Justicia ha puntualizado que la Generalitat «está actuando en el estricto marco de sus competencias» para afrontar un problema como el de la prostitución, para el que en su opinión hace falta un «profundo» replanteamiento de la normativa.
Por ello, Gabriela Bravo ha instado al Gobierno «a que aborde los cambios legislativos necesarios , con una ley integral contra la trata», porque no se puede «consentir esa nueva forma de esclavitud ».
Ha explicado que es muy consciente de que la prostitución que se ejerce en estos locales «supone apenas el 20%» de todo el fenómeno y de que el Código Penal solo castiga el proxenetismo, de forma que «la única solución es la abolición de la prostitución, porque no es sino otra forma más de violencia y maltrato hacia las mujeres».
