Sanidad
La Generalitat Valenciana consuma la reversión a la gestión pública del Hospital de Torrevieja
La guerra de cifras entre Ribera Salud y la Conselleria de Sanidad animan el debate sobre el modelo privado que queda en Denia y Elche
![Instalaciones del Hospital de Torrevieja](https://s2.abcstatics.com/media/espana/2021/10/15/hospital-torrevieja-knSF--1248x698@abc.jpg)
La Generalitat Valenciana consuma este viernes en Torrevieja la segunda reversión de un hospital de gestión privada según el llamado «modelo Alzira» al sistema público al expirar el contrato de concesión a Ribera Salud y tras una escalada de tensiones que ha aportado una guerra de cifras a favor de una y otra concepción de servicio.
La compañía argumenta que su área de Salud ofrece los mejores indicadores de calidad y gestión , mientras que desde la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública justifican la no prórroga de esta concesión a la «eficiencia» no sujeta a criterios de «reducción de costes para asegurar beneficios».
Algunos de los datos globales básicos en este pulso son los casi 80 millones de euros al año que previsiblemente costará a la Administración autonómica asumir la plantilla de 300 trabajadores del centro hospitalario torrevejense, frente a los más de 110 millones de euros que ha tenido que abonar de media anual desde 2006, con la gestión privada .
El TSJCV avala el cambio
Este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ( TSJCV ) ha dictado un auto en el que rechaza una última petición de medidas cautelares de Ribera Salud para suspender la reversión .
Así lo ha anunciado la Conselleria de Sanidad, que recuerda que de esta forma el alto tribunal «ha vuelto a avalar el procedimiento que está llevando a cabo la Conselleria de Sanidad para integrar el departamento de salud de Torrevieja en la red de gestión pública directa con total seguridad jurídica al rechazar».
Desde el departamento que dirige Ana Barceló han puesto de relieve que el TSJCV justicia el cambio de gestión porque es un proceso «similar al efectuado en 2018 en el caso del departamento de La Ribera , lo que debería haber supuesto una mayor facilidad para afrontar esta situación porque ni es sorprendente la voluntad de la administración de no prorrogar los contratos de concesión, ni lo son las normas».