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La Generalitat Valenciana cerrará los burdeles que actúen como locales de ocio y multará a sus clientes
La Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, insta al Gobierno central a reformar el Código Penal para castigar la tercería locativa y el rufianismo
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo ha firmado la resolución de inicio para la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Generalitat, con el fin de que se pueda sancionar con multa y clausura del local aquellos locales que, «camuflados con licencias para hostelería u ocio, permitan o favorezcan el ejercicio de la prostitución ».
Así lo ha confirmado este miércoles después de presentar las diez medidas elaboradas por el Foro Valenciano para la Abolición de la Prostitución, que ha reunido a más de treinta personas expertas de diferentes ámbitos. Entre ellas, reformas normativas en el ámbito estatal, autonómico y local , así como iniciativas asistenciales para las mujeres prostituidas y acciones de formación y sensibilización.
Al respecto, ha confirmado que ha firmado la resolución para reformar la Ley de Espectáculos Públicos, con la que se podrá «perseguir y sancionar a los propietarios de burdeles que se esconden tras fachadas de negocios hosteleros y de ocio ». En el documento, se contempla la sanción con multa y clausura del local aquellos establecimientos que permitan o favorezcan el ejercicio de la prostitución.
El cierre se extenderá, incluso, en el caso de que el responsable haya cesado en la actividad y sea otro quien solicite la apertura. También se prohibirán los espectáculos y actividades públicas que inciten o fomenten la prostitución o cualquier forma de explotación sexual y se establece como sanción administrativa la demanda de sexo pagado tanto en locales y establecimientos públicos como en las carreteras que son competencia de la Generalitat.
Víctimas de violencia de género
Asimismo, otra propuesta que incluye este decálogo corresponde a la modificación de la ley autonómica para que reconozca a las mujeres prostituidas como víctimas de la violencia de género , «lo que garantizará su acceso a todos los derechos y recursos asistenciales que protegen a las víctimas del terrorismo machista», según la consellera.
La titular de Justicia ha anunciado que su departamento elaborará un Modelo Único de Ordenanza Abolicionista «que se ofrecerá a todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana y que tratará la prostitución como un tipo de violencia de género y no como un problema de orden público, sancionando al putero y protegiendo a la víctima tal y como ocurrió la semana pasada en la localidad valenciana de Albal».
Por otra parte, propone aumentar el parque público de viviendas «y que se considere a las mujeres prostituidas como un colectivo prioritario» para acceder a estos recursos habitacionales. Al mismo tiempo, aboga por el refuerzo de los recursos formativos para ofrecer salidas sociolaborales a estas mujeres mediante itinerarios específicos por su condición de víctimas de prostitución.
Bravo ha asegurado que «es consciente» de que «dado la complejidad del problema» no se podía «solucionarlo en solitario». Por ello, ha explicado que el decálogo incluye « instar al Gobierno y a las Cortes Generales » a la aprobación de una Ley Integral para la Abolición de la Prostitución «ya que es la respuesta más contundente para erradicar este tipo de violencia de género».
Por ese motivo, «la ley debe actuar en tres direcciones», según Bravo. En primer lugar, «la persecución del proxenetismo en todas sus formas», lo cual conllevará la introducción de nuevos tipos delictivos en el Código Penal como la Tercería Locativa (el alquiler de espacios para la compra de sexo) o el rufianismo (la inducción a la prostitución por parte de la pareja sentimental de la víctima).
En segundo lugar, la sanción penal de la demanda y compra de sexo «porque es evidente que si existe la prostitución no es porque hay mujeres que venden su cuerpo, sino millones de hombres dispuestos a comprar ».
Por último, «la protección y consideración de todas las mujeres en situación de prostitución como víctimas de violencia de género, con todo lo que ello implica», lo que supondrá la modificación de la Ley Orgánica de Violencia de Género de 2004; la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 y la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito de 2015.
