La Generalitat Valenciana cambia la ley para multar a los locales en los que se ejerza la prostitución

La Conselleria de Justicia ha sacado a consulta pública previa la modificación de la Ley valenciana de Espectáculos que permitirá sancionar administrativamente a los locales donde se ejerza la prostitución y que se camuflan con licencias de establecimientos de hostelería u ocio, según publica este miércoles el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV).

Gracias a esta reforma, la Comunidad Valenciana se convertirá en «la primera y única autonomía» que multará la demanda de sexo en los establecimientos públicos -sancionar a los que, con ánimo de lucro, proporcionen un lugar donde prostituir mujeres- y la publicidad de sexo pagado , como anunció la semana pasada la titular del departamento, Gabriela Bravo.

La consulta pública previa permite que asociaciones y particulares interesados formulen las alegaciones que estimen necesarias porque el objetivo es que esta reforma legislativa cuente con el mayor consenso posible. De ahí la necesidad de recabar las opiniones de todos los que quieran aportar su visión.

En concreto, las propuestas se pueden presentar a través del portal de transparencia de la Generalitat y en la web de la Conselleria. También a partir de este jueves, en la dirección de correo 'espectaculosvalencia@gva.es' hasta el 24 de marzo.

Se estima que en la región hay e ntre 10.000 y 13.000 mujeres prostituidas , 164 establecimientos identificados como lugares de prostitución y más de 52.000 anuncios en internet de servicios de prostitución, según un estudio encargado por la Conselleria en el marco del Foro Valenciano por la Abolición de la Prostitución.

Las personas prostituidas se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad, pues son víctimas de violencia, exclusión social, pobreza y xenofobia , entre otros factores de inseguridad. Esta situación de explotación se sustenta en la alta demanda de sexo pagado, dado que solo en la Comunitat el número de hombres que ha pagado por sexo en el último año se estima en alrededor de 115.000, de acuerdo al mismo informe.

Al margen de algunas ordenanzas municipales abolicionistas como la de la localidad valenciana de Albal, en la actualidad no hay ninguna norma que sancione la tercería locativa (sanciones camuflados) ni la demanda de sexo pagado. «Con esta reforma, vamos a poner remedio a esta situación», augura la consellera en un comunicado.