Medio ambiente
La Generalitat Valenciana acepta la quema de miles de toneladas de residuos peligrosos prohibida en Cataluña
Ecologistas en Acción recurre el permiso para incinerar en Buñol los desechos procedentes todos de otras comunidades autónomas
La Conselleria de Transición Ecológica ha autorizado la quema en Buñol (Valencia) de hasta 153.000 toneladas al año de residuos procedentes todos de otras comunidades autónomas, con unos 30.000 considerados peligrosos y cuya incineración está prohibida en esos territorios, por ejemplo, en Cataluña .
Ecologistas en Acción ha denunciado esta decisión de la Generalitat Valenciana y ha anunciado un recurso de alzada ante la Secretaría Autonómica de Transición Ecológica por esa resolución con fecha de 16 de octubre.
«Ha dado su aprobación para que la empresa Cemex transforme la cementera de Buñol en una macroincineradora de residuos y esta Conselleria se ha plegado lamentablemente a intereses particulares y en su resolución final, incluso ha rebajado las exigencias ambientales al aumentar el valor límite de emisión de las partículas de 10 mg/Nm3 a 20 mg/Nm3, contradiciendo la normativa europea», han precisado desde esta organización.
La nueva Autorización Ambiental Integrada (AAI) era uno de los requisitos que había impuesto la cementera turca Cymsa para hacerse con los activos de Cemex en Buñol.
En este volumen de desechos, hay 56 tipos no peligrosos y 2 peligrosos. «Incluso se autoriza a Cemex la instalación de una trituradora del rechazo de los residuos municipales para preparar su propio Combustible Derivado de Residuos y la sustitución energética podrá alcanzar el 90%, con un máximo del 40% provenientes de residuos peligrosos», aseguran las mismas fuentes.
«Sacrificio» a favor de otros
Se autoriza la incineración de 30.000 toneladas de residuos peligrosos que tienen su origen en su totalidad en otras comunidades autónomas, que se trasladan a Buñol, porque o bien su incineración está prohibida (caso de Cataluña) o bien porque se quiere eludir el pago de tasas o cánones a la incineración. De esta forma, la Comunidad Valenciana y la comarca de la Hoya de Buñol «es utilizado como zona de sacrificio para eliminar esos residuos con el beneplácito del Gobierno del Botànic».
A pesar de que en su tramitación durante una década se han presentado centenares de alegaciones de vecinos, ayuntamientos y grupos ecologistas contra ese proyecto, en su mayor parte han sido desestimadas.
«Por contra ha sido admitida una alegación de Cemex que ha conseguido aumentar el Valor Límite de Emisión de la materia particulada proveniente del horno, de la trituración del crudo y del clínker, y de la enfriadora del clínker, y también por presión de Cemex se han eliminado los controles de la contaminación difusa y las condiciones del muestreo, que estaban establecidas en la propuesta de resolución en el trámite de audiencia», según Ecologistas en Acción.
Como consecuencia de esta autorización, «Cemex se ha salido con la suya al obtener esta AAI, que era un requisito básico para que se pudiera completar la venta de los activos en Buñol a la cementera turca Cymsa, que ejercerá un auténtico monopolio en la producción de cemento blanco en la región mediterránea», reiteran, además de concluir que «es vergonzoso que el Gobierno del Botànic, que dice defender a las personas y en su programa establece su oposición a la incineración como operación de eliminación de los residuos, se haya prestado a este juego».
Se controlarán las emisiones
Desde la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, han valorado de forma diferente este cambio hacia «el nuevo régimen de funcionamiento de la cementera de Buñol, mediante la nueva Autorización Ambiental Integrada, y el desmantelamiento del horno de cemento gris».
En un comunicado, han señalado que «con este trámite, la Administración da así cumplimiento, entre otros, al requisito de la UE de renovación de esta autorización» y destacan que la compañía ya está en fase de «desmontaje».
En el procedimiento se han estimado seis nuevas alegaciones de las asociaciones ecologistas y de la comarca, así como seis nuevas alegaciones de la empresa propietaria, además de mantener como mejor técnica disponible la necesidad de incorporar nuevos equipos para el control de emisiones a la atmósfera .
La autorización evacuada implicará la reducción de la combustión de coque de petróleo en unas 374.000 toneladas anuales en régimen nominal de funcionamiento de las instalaciones, lo que implica una reducción de más de 1.000.000 toneladas de CO2 equivalente anuales.
Para la evacuación de este expediente se realizó una nueva declaración de impacto ambiental que fue firmada el 20 de diciembre de 2018 y publicada en el DOGV el 18 de marzo de 2019, para dar seguridad jurídica a todas las partes.
La propuesta evacuada impide asimismo la valorización energética de residuos de elevada peligrosidad, al amparo de lo previsto en el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana, Decreto del Consell de 5 de abril de 2019, publicado en el DOGV de 26 de abril de 2019, según el artículo 28 k) del mismo, según la Conselleria.
Igualmente, como novedad, se obliga a la multinacional titular de la explotación, a realizar análisis periódicos de suelos en el entorno, al igual que otras renovaciones de autorizaciones industriales similares del sector.
La operativa de las instalaciones fabriles quedará ahora a través del horno y la línea de cemento blanco. Asimismo, Cemex mantendrá en la zona, entre otras, la actividad de la cantera y los laboratorios.
Al procedimiento, ya de resolución, queda todavía una fase final de recurso de reposición ante la Secretaría Autonómica de Emergencia Climática y Transición Ecológica.
