Política
El fantasma de la financiación ilegal vuelve a sobrevolar el PSOE valenciano
Los socialistas suspenden de militancia a su antiguo responsable de finanzas imputado en la operación Azud contra la corrupción urbanística mientras la UCO investiga si el partido pudo beneficiarse de las mordidas
El fantasma de la financiación irregular vuelve a sobrevolar el PSPV-PSOE a raíz de la segunda fase de la operación Azud , por la que ha sido detenido y encarcelado el que hasta el pasado jueves era el subdelegado del Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Valencia, Rafael Rubio .
En el marco de la misma causa, que instruye el juzgado de instrucción número 13 de la capital del Turia de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, figura como imputado José Cataluña , histórico dirigente socialista y antiguo responsable de las finanzas del partido que en la actualidad lidera el presidente de la Generalitat, Ximo Puig .
Al igual que Rubio, Cataluña ha sido suspendido cautelarmente de militancia y el PSOE le ha abierto expediente.
Conforme informó ABC el pasado viernes, en el marco de las pesquisas que continúan abiertas, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trata de esclarecer si el PSPV-PSOE pudo lucrarse de una trama de mordidas relacionadas con operaciones urbanísticas y adjudicaciones de contratos en el periodo comprendido entre los años 2004 y 2011 en el Ayuntamiento de Valencia, otros consistorios de la Comunidad Valenciana y diversas entidades públicas locales y estatales
Fuentes de la investigación citadas por 'Las Provincias' sitúan el monto de las comisiones irregulares en el entorno de los diez millones de euros. Hasta la fecha, la causa no contempla el delito electoral ni el de financiación ilegal de partidos políticos y se ciñe a los de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y asociación ilícita, sin perjuicio de ulterior calificación, según matiza el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Al respecto, los investigadores atribuyen a José Cataluña el rol de «falicitador» de contactos al constructor detenido y en prisión, Jaime Febrer, al que la UCO sitúa en el epicentro de la trama.
Las agendas del empresario revelarían reuniones con Rubio, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valencia en aquellos años, y Cataluña, quien dejó sus cargos en el partido en 2004 y ha permanecido hasta ahora como militante de base.
A diferencia de otros casos en los que el PSOE no ha tomado medidas disciplinarias ante imputaciones judiciales (el propio Rubio fue nombrado subdelegado del Gobierno pese a figurar como investigado por malversación en el caso Imelsa), los socialistas han optado por suspender de militancia y abrir expediente a Cataluña.
Se trataría de una forma de marcar distancias ante la posibilidad de que las investigaciones de la UCO den un paso más. Hasta ahora, Cataluña no ha sido detenido, aunque los agentes registraron su domicilio y le citaron a declarar el pasado sábado.
La Guardia Civil cree que Rubio , en prisión provisional y sin fianza desde el pasado sábado, pudo cobrar hasta 300.000 euros en comisiones de la presunta trama corrupta. Ahora, las indagaciones tratan de determinar si parte del dinero que se habría pagado por los constructores habría ido a parar a las arcas del partido en el que militaba desde 1981.
La presunta financiación irregular del PSPV-PSOE entre los años 2007 y 2011 ya fue objeto de investigación judicial. El Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia comenzó las pesquisas por prevaricación, malversación y delito electoral en diciembre de 2016 tras recibir un informe de la Policía sobre una supuesta financiación irregular de PSPV y Compromís.
La magistrada se inhibió en favor de distintos juzgados de Madrid, Benidorm y Gandía , que acabaron por archivar las piezas. En algunos casos, los presuntos delitos habrían prescrito.
Ahora, el caso Azud vuelve a azuzar las sospechas sobre el PSPV-PSOE, que ha optado por marcar distancias con el que fuera su responsable de Finanzas tras haber enarbolado en los últimos años el discurso de la corrupción «sistémica» del Partido Popular y la «hipoteca reputacional» que había supuesto para la Comunidad Valenciana.
De hecho, la investigación ha destapado una trama transversal en la que figuran como beneficiarios tanto cargos del PP como socialistas. En el caso popular, el que fuera vicealcalde de Valencia y mano derecha de Rita Barberá en el Ayuntamiento, Alfonso Grau , es uno de los cinco encarcelados hasta la fecha en una causa que sigue abierta y bajo secreto de sumario.
