El fallo del Supremo contra las restricciones de Ximo Puig abre la vía para poder solicitar indemnizaciones

El Tribunal Supremo ha recibido un escrito del abogado Curro Nicolau solicitando la « nulidad » del decreto de la restricciones impuestas por la Generalitat Valenciana frente al coronavirus amparadas por el estado de alarma , con el fin de permitir ya que los afectados puedan presentar sus reclamaciones . En concreto, el cierre perimetral impidió a profesionales de múltiples sectores y a la población en general desplazamientos y ahora podrán pedir indemnizaciones.

«La sentencia debe ser aclarada indicando el Alto Tribunal si es o no nulo el decreto impugnado. Y ello no es un asunto baladí pues permitirá establecer el alcance de las consecuencias jurídicas que se derivan de ello en otros casos conexos», sostiene el letrado en su petición.

«Me refiero a que, a partir de ahora, puede pedir responsabilidad patrimonial de la Administración pública cualquier persona que haya tenido en esos días que cerrar los locales de sus negocios , que no haya podido desplazarse por ejemplo, para celebrar una boda o para acudir a un entierro .., o sea, cualquier perjuicio que haya sufrido», ha precisado Nicolau a ABC . Por esa razón, necesita que el decreto firmado por Ximo Puig el 24 de enero de 2021 sea «expresamente declarado nulo».

Literalmente, aquella norma ahora invalidada estipuló que «se limitaba la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados, se prorroga la medida de restricción de la entrada y la salida de personas del territorio de la Comunitat Valenciana y se limita, durante los fines de semana y los días festivos la entrada y la salida de los municipios y grupos de municipios con población superior a 50.000 habitantes ».

En esta comunicación al Tribunal Supremo, de nuevo se puntualiza que el recurso no cuestionaba las medidas sanitarias frente al coronavirus , sino su procedimiento y las competencias de Ximo Puig para aplicarlas.

Asimismo, el abogado reclama que la Generalitat tenga que asumir las «costas procesales», al igual que se les han reclamado a él sistemáticamente en los otros recursos que ha presentado contra restricciones durante la pandemia, desestimados.