Recursos hídricos
La factura de recortar los trasvases del Tajo al Segura que el Gobierno no cuenta con su «ley del silencio»
Los regantes se niegan a firmar contratos de desalación que quintuplican el precio del agua prometido por el coste energético y afectarán a la población
Los agricultores del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura ( SCRATS ) han evaluado lo que podría considerarse la factura de recortar las transferencias del Tajo al Segura de forma drástica como plantea el Gobierno y un asunto sobre el que reina una «ley del silencio». El coste energético de la desalación como alternativa, no solo para los regantes, sino para la población en general.
En estos momento, los agricultores se están negando a firmar los contratos que les ofrece el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con unas condiciones «leoninas» que les hipotecan de por vida con este tipo de suministro sin garantizar el precio prometido de 0,3 euros por metro cúbico -cuando en otras zonas de España se paga a 3 o 4 céntimos, diez veces menos- y temen que se les cobre a 1,5 euros.
Además, el presidente de SCRATS, Lucas Jiménez , se ha mostrado convencido de que la sociedad civil «se va a enfrentar también a precios que van a afectar a su bolsillo», porque «una mayor dependencia de la desalación, de un recurso que tiene como origen principal la energía eléctrica, nos puede enfrentar en un futuro a precios que están por ver».
Abastecimiento a los hogares
Además, Jiménez ha explicado a ABC que «cualquier recorte al trasvase también puede afectar al abastecimiento », ya que organismos como la Mancomunidad de Canales del Taibilla y Galaxa suministran el agua a varios millones de habitantes en Alicante y Murcia, y en Almería, respectivamente.
«En esa batalla nosotros vamos a estar enfrente del Ministerio. Decimos sí al agua, pero no a cualquier precio», ha precisado el dirigente del SCRATS, que ha exigido que «se aplique la ley», una norma en la «se habla de 30 céntimos» para el agua desalada.
Al hilo, ha expresado su malestar por tener que solicitar algo que ya está reflejado en la normativa vigente, máxime cuando «nuestros competidores, que son los compañeros del resto del país, están pagando una media de 3-4 céntimos el metro cúbico».
Los precios por el agua desalada que se pagan en la Región de Murcia, Alicante y Almería harían «inviable», según sus palabras, la agricultura de futuro en esta región.
Desde SCRATS no van a firmar las condiciones impuestas por el MITECO, al menos hasta que este no responda a la misiva que el sindicato le remitió para expresar su malestar. «Nos costa que están trabajándola con una serie de condiciones, y en el momento en que estas se centren, firmaremos», ha apostillado Jiménez.
Esta queja por unos « precios brutales » para los agricultores de la cuenca del Segura la ha hecho pública tras mantener una reunión con el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de Murcia, Antonio Luengo .
En este sentido, ha señalado que el Gobierno central «lleva dos líneas de trabajo y ambas confluyen en un mismo hecho, finiquitar en buena parte el trasvase Tajo-Segura». Una de esas líneas es «acabar con las tensiones políticas en la vecina Castilla-La Mancha » y eso, ha dicho, «conduce inequívocamente a ir recortando drásticamente el trasvase».
Por su parte, el consejero murciano ha precisado que «los regantes pagan sobre 0,70 euros por metro cúbico de agua, una cantidad que podría multiplicarse por dos una vez se revisen las tarifas en base al aumento del coste de la electricidad, lo que contrasta con los 0,04 euros de media que se paga en el resto de España, por lo que el agricultor murciano paga el agua diecisiete veces más cara que la media nacional».
«A todo ello se suma el coste que las comunidades de regantes tienen que afrontar por el gasto energético, que ya desde hace meses están teniendo que afrontar tratando de que no repercuta en el consumidor, algo que cada vez se hace más complicado», ha avisado.
El encuentro ha servido también para analizar el avance de las alegaciones que se están ultimando a los Planes Hidrológicos del tercer ciclo de planificación impulsados por el MITECO, y que «prevén recortar un tercio del agua del trasvase que llega al Levante español, lo que supondrá contar con 100 hectómetros menos cada año».
